La minera a cargo de Camarassa limita el acceso a los vecinos y vecinas de Casa Bamba. Esta situación la padecen los habitantes del lugar hace más de año, a razón de que la empresa construyó un portón sobre la ruta E-55, único acceso seguro al paraje.
El abogado Julio MartÍnez como miembro y representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos junto a la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y la Coordinadora Ambiental y de DDHH de las Sierras Chicas en representación de la comunidad de Casa Bamba, interpuso el día 7 Abril una denuncia penal en los Tribunales de la Ciudad en contra de Roberto Camarasa y Esteban Camarasa en calidad de propietarios de la minera “Mogote Cortado” y contra Pablo Gigli en virtud del alto cargo jerárquico que él mismo desempeña en la misma.
Además, el abogado precisó en la denuncia, que las conductas desplegadas por los acusados constituirían los siguientes delitos:
- Contra la seguridad pública, ya que se impide el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
- intimidación pública, en pos de la generación de temor contra los ciudadanos de Casa Bamba.
- Contra la Salud Pública, en consecuencia de la contaminación grave sobre las aguas del río Suquía.
- Daños, ya que se está destruyendo patrimonio arqueológico.
- Turbación de la posesión, la cual consiste en molestias realizadas hacia el poseedor con el fin de desposeerlo de la cosa, y convertir en poseedor al atacante.
Como medidas, entre otras, se solicita la «habilitación urgente e inmediata» del paso público y sin ningún tipo de condicionamiento por parte de la empresa, expresaron en un comunicado desde la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.
Por su parte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos señalo que: «dichas conductas ilícitas lesionan no solo normas, si no específicamente derechos y garantías consagradas por la Constitución Provincial y también en la Constitución Nacional».