En diálogo con Radio La Ranchada, Diego Casado, abogado de la familia de la joven, señaló que existen graves irregularidades que deben ser investigadas y sostuvo que pudo haber omisión de auxilio por parte del Servicio Penitenciario.
Según relató Casado, Guadalupe había sido trasladada desde Villa María y en menos de 24 horas fue alojada en el establecimiento penitenciario. “La ingresaron a su lugar de alojamiento y luego la llevaron a un sector donde van las internas que han tenido algún inconveniente. Es una celda de castigo o de aislamiento. Allí comenzó un incendio en uno de los colchones y Guadalupe murió calcinada”, explicó.
El abogado remarcó que, de acuerdo con los elementos probatorios incorporados a la causa, los colchones que deben utilizarse en los establecimientos penitenciarios tienen que ser ignífugos, es decir, resistentes al fuego. “Los colchones reglamentarios tienen un retardo aproximado de ocho minutos antes de prenderse fuego. No se incendian de manera inmediata. Por eso debe investigarse si los colchones que estaban en esa celda cumplían con las condiciones exigidas en las compras realizadas por el Servicio Penitenciario”, afirmó.
Además, cuestionó la presencia de un encendedor dentro de la celda. “Se realizan controles permanentes y no pueden existir elementos cortopunzantes ni objetos que puedan generar un incendio. ¿Qué hacía un encendedor allí?”, planteó.
Casado indicó que la fiscalía interviniente continúa reuniendo pruebas, aunque advirtió dificultades vinculadas a la reorganización interna del Ministerio Público Fiscal. “La asesora de víctimas ha incorporado material probatorio, al igual que nosotros. Se están solicitando testimoniales dentro de la cárcel, inspecciones oculares y hemos presentado el testimonio de una persona que estaba detenida en el momento del hecho para que relate lo ocurrido”, detalló.
Para la familia, el objetivo es claro: “Buscamos que se llegue a la verdad real y objetiva, como exige el proceso penal. No queremos más casos como el de Guadalupe dentro del sistema carcelario”.
El abogado sostuvo que la muerte de la joven expone una problemática estructural en las cárceles provinciales. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura han señalado reiteradamente las graves condiciones de detención en Córdoba: hacinamiento, falta de agua, internos que se disputan la mitad de un colchón. Todo esto sucede puertas adentro y muchas veces no se conoce”, expresó.
Casado recordó que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser sanas y limpias, y orientadas a la resocialización. “¿Qué resocialización puede existir con hacinamiento extremo? Hace pocos meses había alrededor de 14.400 personas detenidas; hoy se habla de más de 16.600 y las proyecciones indican que podrían llegar a 30.000 en los próximos años. Sin un plan integral, las cárceles de Córdoba van camino a convertirse en una bomba de tiempo”, advirtió.
Finalmente, señaló que continuará visibilizando lo que ocurre dentro del sistema penitenciario. “Las personas privadas de la libertad siguen siendo seres humanos. El encierro es la pena, no la muerte ni las condiciones inhumanas. Vamos a seguir pidiendo justicia por Guadalupe”, concluyó.
Escuchá la nota completa con Diego Casado acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
