La investigación por la muerte de Tomás Orihuela continúa avanzando y en las últimas horas la Justicia imputó a seis policías por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio culposo. El caso generó fuerte conmoción en Córdoba luego de que el joven de 19 años apareciera muerto en una comisaría tras haber sido detenido a fines de abril.
Desde entonces, familiares, amistades y organizaciones sociales vienen reclamando el esclarecimiento de lo ocurrido y exigiendo responsabilidades sobre el accionar policial durante las horas previas a la muerte del joven.
La imputación fue confirmada el pasado viernes 15 de mayo y alcanza a seis efectivos policiales que habrían participado del operativo y de la detención de Orihuela. Sin embargo, la querella considera que la figura penal elegida por la Justicia resulta insuficiente y adelantó que insistirá para que la causa avance hacia delitos más graves.
La abogada de la familia, Mirta Rizzotti, expresó públicamente su desacuerdo con la calificación de homicidio culposo y aseguró que, para el entorno de Tomás, existió dolo en el accionar policial. Según explicó, consideran que hubo una conducta intencional por parte de los efectivos involucrados y sostienen que la investigación debe profundizarse.
En ese sentido, Rizzotti señaló que el propio Tomás había manifestado anteriormente temor hacia personal de la Comisaría Sexta de barrio General Paz. “Se la tenían jurada”, habría comentado el joven en distintas oportunidades, según relató la letrada. Para la familia, ese antecedente resulta clave para comprender el contexto previo a la detención y analizar posibles responsabilidades.
Por el momento, la causa permanece bajo secreto de sumario, una medida judicial que restringe el acceso a la información y limita el conocimiento de detalles centrales de la investigación. Debido a esta situación, la querella todavía no pudo acceder completamente al expediente ni conocer oficialmente la identidad de los policías imputados.
Mientras avanza el proceso judicial, el reclamo de justicia continúa creciendo. Familiares y allegados sostienen que la muerte de Tomás no puede ser tratada como un hecho aislado y piden que se investiguen todas las circunstancias que rodearon su detención y posterior fallecimiento.
El caso volvió a poner en debate el accionar de las fuerzas de seguridad y las denuncias por violencia institucional en Córdoba. Distintos sectores sociales y organismos de derechos humanos acompañan el pedido de la familia y exigen una investigación transparente que permita determinar qué ocurrió dentro de la dependencia policial.
