En el expediente aparecen funcionarios, exautoridades, operadores externos y empresarios del sector farmacéutico, todos señalados por su presunta participación en un esquema que, según la fiscalía, combinaba accesos privilegiados al sistema interno de prestaciones, sobreprecios y pagos indebidos.
El punto de partida del caso fueron los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que derivaron en una pesquisa más amplia y compleja. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, dentro del organismo funcionaba una estructura paralela que direccionaba compras, alteraba procesos y generaba beneficios económicos a determinadas droguerías. La presentación también vincula a figuras cercanas al gobierno, entre ellas Karina Milei, “Lule” Menem y al propio presidente Javier Milei, dentro del entramado aún bajo análisis judicial.
En la cúspide del mecanismo aparece Diego Orlando Spagnuolo, quien encabezó la ANDIS entre 2023 y 2025. Para la fiscalía, el exfuncionario habría permitido —e incluso liderado— un “sistema irregular y fraudulento” para la compra de insumos médicos costosos, obteniendo a cambio beneficios personales.
Su brazo operativo habría sido Daniel María Garbellini, responsable de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y encargado de manejar el SIIPFIS (el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones). Garbellini tenía la facultad de habilitar usuarios, abrir compulsas y dirigirlas hacia un grupo específico de proveedores.
El expediente sostiene que las decisiones más importantes no estaban en manos de funcionarios formales, sino de dos actores sin cargo público: Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete. Ambos son descritos como “jefes paraestatales” que impartían órdenes dentro de la ANDIS sin aparecer en el organigrama.
Atchabahian, exdirector del organismo y actualmente empleado de la farmacéutica Roche, era señalado como quien definía qué empresas eran habilitadas para competir y cobrar. Calvete, con vínculos con INDECOMM, Profarma y Profusión, coordinaba los pagos y tejía acuerdos con distintas droguerías.
En un segundo nivel de la presunta organización se ubicaban funcionarios y empleados con capacidad de ejecutar las maniobras. Entre ellos figura Eduardo “Pino” González —designado como director en junio de 2025—, acusado de ser el enlace directo de Calvete para destrabar pagos y decisiones internas. En el mismo esquema aparece Lorena Di Giorno, del área PACBI, a quien se le atribuye participación en pagos irregulares y maniobras internas para favorecer intereses privados.
Otro punto crítico del caso es el manejo externo del SIIPFIS. La fiscalía sostiene que Luciana Ferrari, empleada de Roche y ex ANDIS, utilizaba accesos otorgados por Garbellini para manipular compulsas desde fuera del organismo: reacomodaba plazos, agrupaba tickets y realizaba acciones clave del proceso.
También queda involucrado Roger Grant, coordinador de Gestión de Urgencias, quien, según la acusación, actuaba por indicación de Garbellini para redireccionar expedientes.
El Ministerio Público solicitó indagatoria —y en algunos casos detenciones— por delitos que incluyen asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta, cohecho pasivo y activo, además de negociaciones incompatibles con la función pública. Para la fiscalía, la organización contaba con roles delimitados, jerarquías internas y retornos económicos para sus integrantes.
Mientras la causa avanza, el documento judicial deja al descubierto la posible existencia de un circuito paralelo dentro de la ANDIS que, de confirmarse, podría constituir uno de los episodios de corrupción más significativos en el ámbito de la salud pública y la asistencia social en los últimos años.
