El fallo del juez Alejandro Maraniello que prohibió la difusión de audios vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desató un fuerte repudio en la oposición, en organismos de prensa y en gran parte de la sociedad civil. La medida judicial, considerada un acto de censura previa, fue acompañada por el pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para allanar a periodistas y medios de comunicación, lo que intensificó las críticas por atentar contra la libertad de prensa y el derecho a la información en Argentina.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) fue una de las primeras entidades en expresarse, calificando la decisión judicial como un “profundo ataque a la libertad de prensa” y rechazando el intento del Gobierno de avanzar contra los comunicadores Jorge Rial y Mauro Federico, quienes difundieron información vinculada al caso. Para la federación, se trata de una estrategia sistemática de disciplinamiento que se suma a las agresiones a reporteros gráficos y cronistas en las inmediaciones del Congreso, además de campañas de hostigamiento digital contra periodistas críticos del Gobierno de Javier Milei.
Desde el arco político, la reacción no se hizo esperar. El senador radical Martín Lousteau cuestionó duramente a Patricia Bullrich, señalando que el pedido de allanamiento a periodistas es un acto de autoritarismo sin precedentes y un intento de censura inadmisible en democracia. Según Lousteau, el Gobierno viola el secreto de las fuentes periodísticas y pretende silenciar investigaciones que exponen graves hechos de corrupción, como las denuncias sobre manejos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El legislador acusó al oficialismo de tensionar los límites constitucionales mediante decretos de necesidad y urgencia, bloqueos legislativos y ataques a la prensa.
En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro calificó el fallo como un “mamarracho jurídico” y advirtió que se trata de censura previa, prohibida expresamente por la Constitución Nacional. Ferraro agregó que el juez Maraniello tomó la decisión sin siquiera haber escuchado los audios cuestionados, lo que para la oposición evidencia una resolución a medida de las necesidades del Gobierno. El diputado también recordó que el magistrado acumula denuncias por acoso laboral y abuso sexual en el Consejo de la Magistratura, lo que genera aún más sospechas sobre la legitimidad de la medida.
Por su parte, el Frente de Izquierda también denunció una persecución judicial y política contra los periodistas involucrados en el caso. El diputado Christian “Chipi” Castillo afirmó que se trata de una maniobra para encubrir hechos de corrupción dentro del oficialismo y para tapar las internas que atraviesan a La Libertad Avanza. Según el legislador, los audios que involucran a Karina Milei y al exfuncionario Diego Spagnuolo no corresponden a cuestiones privadas, sino a hechos de interés público que deberían ser investigados.
Con el correr de las horas, más voces se sumaron al repudio. Constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez remarcaron que la censura previa está expresamente prohibida en el sistema democrático, sobre todo cuando se trata de información vinculada a funcionarios públicos. En la misma sintonía, otros juristas advirtieron que si se considera que los audios fueron obtenidos de forma irregular, el camino correcto es una demanda civil por daños y perjuicios, nunca una medida cautelar que restrinja el derecho a la información.
La controversia estalló en un contexto político delicado, marcado por denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y por una creciente tensión interna en el oficialismo. Para sectores opositores y sindicales, la estrategia del Gobierno apunta a silenciar el debate público y a instalar el miedo en periodistas e instituciones que investigan casos de corrupción. Desde Fatpren se llamó a la solidaridad y a la defensa irrestricta de la libertad de prensa, recordando que sin un periodismo libre no hay democracia posible.
