Mariana Mandakovic, secretaria general de CISPREN, califica la medida como un «avasallamiento total contra la democracia» y denuncia un acto de censura orquestado por los poderes Ejecutivo y Judicial, que silencia información crucial para la sociedad.
La prohibición de difundir audios relacionados con denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ha encendido las alarmas en el ámbito periodístico y social de Argentina. A instancia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el juez federal Alejandro Marianello ordenó la censura de estos audios en cualquier medio de comunicación, ya sea escrito, audiovisual o a través de redes sociales y plataformas web.
Mariana Mandakovic, secretaria general del CISPREN (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba), expresó un total repudio a esta acción, catalogándola de censura explícita y un ataque directo a la libertad de expresión. Subrayó que esta medida no solo perjudica a los periodistas en su rol de informar, sino a la sociedad en su conjunto, al impedirle conocer qué se oculta detrás de estas grabaciones. La dirigente sindical remarcó la gravedad del hecho, que interpreta como un «avasallamiento total contra la democracia, porque sin libertad de expresión no hay democracia«.
La situación es comparada con antecedentes históricos de censura en Argentina, como la que sufrió Tato Bores en la década del 90, cuando una jueza prohibió que se hablara de ella. Mandakovic lamentó que un gobierno que prometió terminar con «la casta» esté ahora generando situaciones que atentan totalmente contra la democracia y buscando ocultar escándalos de corrupción. Además, denunció una escalada de atropellos contra la prensa, mencionando la represión sufrida por trabajadores en coberturas y declaraciones presidenciales que incitan al odio hacia los periodistas.
Ante este escenario, CISPREN, junto con la FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa), ha repudiado públicamente la medida y planea tomar acciones a nivel internacional, apelando a la Constitución Nacional y al Pacto de San José de Costa Rica, que garantizan la libertad de expresión. «El objetivo es que la comunidad entienda la gravedad de esta situación y que se pueda instalar en la agenda pública el debate sobre este gobierno totalmente antidemocrático, totalitario» afirmó Mandakovic en comunicación con La Hora de las Villas y los Barrios.
