>Articulo publicado por Amnistía Internacional.
El 30 de diciembre se cumplen cinco años desde que Argentina aprobó la Ley 26.710, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Aunque la ley permitió avances indiscutibles en materia de salud pública, hoy, cinco años después, se observan retrocesos preocupantes.
Esa victoria legislativa fue el resultado de décadas de organización, de debates plurales y de la movilización del movimiento de mujeres, que logró instalar en la agenda pública la urgencia de garantizar el derecho a decidir. Además de ser un hito histórico para nuestro país, La Marea Verde se inscribió en una ola regional de lucha por los derechos de las mujeres, convirtiéndose en un faro de referencia para América Latina.
“En los últimos 30 años, más de 60 países reformaron sus leyes para legalizar o despenalizar el aborto. Desde Irlanda hasta Nepal, el mundo avanzó hacia su reconocimiento como un derecho humano. América Latina no fue la excepción. Sin embargo, hoy vemos cómo estos avances enfrentan una reacción global: discursos regresivos y políticas restrictivas que atacan los derechos de mujeres y personas LGBTI+ en nombre de la llamada ‘ideología de género’. Lo que ocurre en Argentina es parte de esa tendencia financiada a nivel global. Frente a este escenario, la marea verde sigue más viva que nunca, porque donde hay retrocesos, hay también más resistencia para defender lo conquistado”, expresó Mariela Belski directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
A lo largo de estos años hubo avances significativos en materia de salud pública que evidencian que el acceso a abortos en condiciones seguras, mejoran ineludiblemente la vida y salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar:
· Entre 2021 y octubre de 2023, más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud.
· La disponibilidad de información, insumos y atención de calidad permitió que el 90% de las interrupciones se realizaran durante el primer trimestre.
· Se duplicó la cantidad de centros de salud que garantizan la interrupción voluntaria (IVE) y legal del embarazo (ILE).
· La implementación de la Ley 27.610 creó las condiciones para un acceso más seguro y oportuno al aborto, contribuyendo a reducir de manera significativa la mortalidad materna por causas relacionadas.
Sin embargo, desde que asumió el gobierno de Javier Milei se han desmantelado sistemáticamente las políticas de salud sexual y reproductiva: el gobierno suspendió la compra y distribución de misoprostol y mifepristona – insumos esenciales para garantizar el acceso a la IVE/ILE- y desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), pese a su impacto comprobado en la reducción del embarazo en la adolescencia. A ello se suma la drástica reducción en la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo, herramientas fundamentales para que las personas puedan tomar decisiones sobre sus vidas y proyectos.
Estas decisiones responden a una ofensiva ideológica deliberada que busca revertir avances en materia de igualdad y autonomía. En este contexto regresivo, en 2025 Amnistía Internacional recibió más de 400 casos por barreras en el acceso al aborto, una cifra que triplica ampliamente la cantidad de denuncias registradas el año anterior. Si bien los casos que la organización recibe a través del formulario no reflejan la totalidad de la situación en el país, ante la ausencia de datos oficiales constituye un parámetro para dimensionar el aumento de las dificultades que enfrentan las mujeres en este contexto.
Los relatos se repiten desde distintas provincias del país y revelan un patrón común: las mujeres y personas gestantes están encontrando barreras donde debería haber atención, acompañamiento y acceso asegurado.
En hospitales públicos de distintas localidades del país, las personas son informadas de que no hay medicación disponible, a pesar de que la provisión de insumos es una responsabilidad indelegable del Estado y una obligación legal. En otros, se les exige comprar misoprostol por cuenta propia, algo legalmente prohibido y económicamente inalcanzable para muchas. También se registran casos de consejerías disuasorias, maltratos y prácticas de hostigamiento que buscan forzar un cambio de decisión, violando la autonomía de las personas gestantes.
A ello se suma la ausencia de información oficial sobre este derecho. No hay campañas de difusión, la línea 0800 de Salud Sexual presenta dificultades para responder y no se publican datos actualizados sobre la implementación de la ley. En este escenario, la desinformación se convierte en una barrera crítica. Sin información pública, las personas no saben dónde ir, ni cómo exigir que sus derechos se cumplan. Del total de casos que la organización recibió por medio de su formulario en lo que va de 2025, casi el 60% corresponden a barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto.
En el contexto actual, los discursos de odio y las narrativas estigmatizantes que criminalizan el aborto agravan la situación. Retroceder en derechos implica exponer aún más a mujeres y personas gestantes a riesgos evitables, desigualdades profundas y vulneraciones que el Estado tiene la obligación de prevenir.
Amnistía Internacional reafirma su compromiso con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y personas LGBTI+. A cinco años de la sanción de la ley, el Estado argentino tiene la obligación indeclinable de garantizar su efectivo cumplimiento en todo el territorio nacional.
La evidencia demuestra que cuando el aborto es legal, accesible y seguro, se salvan vidas, mejora la salud pública y se fortalecen la autonomía y la igualdad. Los retrocesos actuales no solo vulneran derechos conquistados: también ponen en peligro a quienes ya enfrentan las mayores desigualdades.
Información complementaria
A principios de 2026, la Argentina deberá rendir examen ante el Comité de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW), el principal órgano internacional que supervisa el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de igualdad y no discriminación hacia las mujeres.
Los recortes y el desmantelamiento de las políticas de salud sexual y reproductiva ponen al país en riesgo de incumplir compromisos internacionales y de incurrir en responsabilidad ante el sistema de derechos humanos. El mundo estará mirando. Y la Argentina deberá dar explicaciones por decisiones que hoy ponen en riesgo derechos que costaron décadas conquistar.
