Guillermo Castro, padre de Ezequiel Castro, quien falleció tras sufrir graves lesiones bajo custodia policial, lideró una jornada de lucha frente a los tribunales cordobeses para visibilizar la alarmante situación de violencia institucional en la provincia y exigir justicia por los numerosos casos de gatillo fácil y muertes en encierro.
Foto: gentileza Julito Pereyra de Enfant Terrible.
La jornada de lucha, que se llevó a cabo este 27 de agosto desde las 17:00 en el Paseo Sobre Monte frente a Tribunales Uno, buscó no solo recordar a las víctimas sino también denunciar la inacción de la justicia local. Ezequiel Castro, cuyo caso se remonta a junio de 2022, falleció en el Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba con numerosas lesiones provocadas por un objeto contundente después de haber sido detenido por la policía provincial. Según su padre, Ezequiel estuvo desaparecido más de cinco días y falleció en el Centro de Admisión y Derivación (CPA) a causa de los golpes que le propinaron. Actualmente, hay 27 personas imputadas en su causa, de las cuales tres están más complicadas.
Guillermo Castro relató la dificultad de avanzar en el proceso judicial, señalando que la Fiscalía 46 no los recibió después del primer año. Gracias a la intervención del fiscal general Juan Manuel Delgado, se logró un cambio de fiscalía, lo que ha permitido ciertos avances en la causa. La decisión de concentrar frente a Tribunales I responde a la necesidad de hacer visible que es en ese lugar donde se archivan la mayoría de las causas y los expedientes, buscando así una mayor presión y visibilidad para sus reclamos.
La gravedad de la situación en Córdoba ha llevado al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura a denunciar a la provincia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vulneración de derechos, especialmente debido a la ausencia de un comité local de prevención de la tortura en la capital cordobesa. Este comité ha puesto de manifiesto la crítica situación de las muertes en contexto de encierro, como los casos de Jonathan Romo, Guillermo Bustamante y César Moreno en la cárcel de Bower, y las muertes ocurridas en el CPA –que recientemente fue cerrado y acumula más de 300 denuncias por golpes, maltratos, automedicación y muertes– y el hospital neuropsiquiátrico, donde la implicación policial también ha resultado fatal.
Los familiares y organizaciones reclaman que las denuncias por violencia policial y muertes en centros de detención rara vez prosperan en Córdoba, sino que son desviadas al Tribunal de Conducta, donde trabajan policías y policías retirados, o simplemente se archivan en los tribunales. Como una medida para combatir esta impunidad, se presentó un proyecto de ley para crear un comité local de prevención de la tortura en la legislatura en diciembre del año pasado, pero hasta la fecha, el gobierno de turno no lo ha aprobado.
Guillermo Castro hizo un llamado urgente a la ciudadanía: «que no tengan miedo de denunciar, que se atrevan a denunciar para que no tengamos que después registrar más nuevas víctimas». La lucha, que ya lleva casi tres años para los Castro, cuenta con el acompañamiento de otras familias y organizaciones, evidenciando una problemática sistemática que se recrudece en los barrios periféricos de Córdoba, donde los jóvenes son sometidos a privaciones ilegítimas de libertad al salir a la calle. Esta situación se agrava por el accionar de una policía de Córdoba que ha visto caer a sus cúpulas en el servicio penitenciario, la policía y la caminera en los últimos años debido a hechos delictivos.
