Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe
El plan de colonización mental mediática
El endeudamiento externo ilegítimo en América Latina, y especialmente en
Argentina, estuvo acompañado con acciones que facilitaron la trampa y lo indebido y
permitieron que se ocultara la información relevante a la sociedad sobre dicha
problemática. La estrategia de ocultamiento, desinformación y manipulación cultural,
estaba asentada en diversas modalidades de manejos de medios de difusión,
funcionales al objetivo querido, llevadas a cabo, especialmente, en los últimos 50
años.
Para el referido fin, entre las dinámicas desarrolladas, se puede señalar la
cooptación o la compra de medios de difusión, en especial por los bancos
intermediarios de colocación de deuda externa de los gobiernos y/o prestamistas
externos y/o por sus representantes y/o vinculados a ellos. Éstos se hicieron dueños,
total o parcialmente, de empresas de medios de difusión o las condicionaron de
diversas formas, directa e indirectamente. Entre estas últimas modalidades, se
desplegó una estrategia de inducción a tomar créditos, que después terminaba
cercando económicamente a las empresas dueñas de medios de difusión, por la
inestabilidad económica en la que se sumía al país por ciclos.
Otra forma de seducir por parte de los Bancos, para condicionar la
información sobre aspectos del funcionamiento de la banca y sus créditos, consistía
en invertir una cantidad significativa de dinero en publicidad en los medios de
difusión. Esto a muchos los hizo dependientes de dicho ingreso y por ende, actuaban
con temor de perder esa pauta publicitaria, si se decía algo que pudiera no gustar a
quienes, desde el mundo de las finanzas les pautaban propaganda valiosa.
O sea, por un lado o por el otro, se condicionaba a los medios de difusión para que no digan nada negativo o presenten una visión determinada del accionar,
especialmente de las entidades financieras locales e internacionales y las acciones
gubernamentales que las favorecían.
A su vez, a esos medios de difusión cooptados o condicionados, el Estado
les facilitó una dinámica por la cual se permitió una importante concentración de la
propiedad de los mismos que, en muchos casos, llevó conformar grupos monopólicos
y/u oligopólicos muy fuertes. Éstos, a su vez, lograban de esta manera administrar,
más fácilmente, el discurso único en el tema de endeudamiento externo y competir
deslealmente con quienes no estaban cerca de los fines queridos por dichos grupos.
Para ello también se garantizó, en algunas prestaciones de radiodifusión, un mercado
cautivo a las estructuras operantes sobre la opinión pública. De esta forma éstos se
apoderaron de los principales y más influyentes medios de comunicación masivos.
En Argentina, por otra parte, no se permitió el ingreso de nuevos titulares
de licencias para radio y televisión con el uso, abuso y manipulación inconstitucional
de la Ley de Radiodifusión 22.285 de 1980 dictada en el Proceso Militar de Facto,
(1976-1983). Luego, por la Ley 23.696 llamada de “Reforma del Estado”, de 1989, se
amplió aún más la concentración, cuando autorizó que los medios gráficos más
importantes, mucho de ellos dueños de la empresa “Papel Prensa S. A.”, -empresa
que produce el papel para diarios-, pudieran ampliar su influencia, grandemente, en
medios de radiodifusión, lo que, en principio, no les estaba permitido 2 .
Mientras tanto, particularmente, a las instituciones de la economía
solidaria no comerciales, como es el caso de las cooperativas, mutuales, gremios y
demás organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, se las excluyó de la
posibilidad de contar con medios de radiodifusión o de los llamados servicios
complementarios (servicio de TV por cable, antena comunitaria y bandas de UHF y
MMDS), (art. 45 de la ley 22.285). Por lo que resultaba dificultoso difundir otra visión
alternativa de la realidad, y el discurso único reinaba en los grandes medios de
difusión.
Asimismo, a los medios gráficos que no necesitaban autorización estatal
para funcionar, se los condicionó con el precio y acceso al papel de diario, porque la
productora nacional más importante de dicho insumo, era la empresa Papel Prensa
S. A., que estaba en manos de un pequeño grupo de medios, ya referido -de
particular envergadura económica Clarín, diario La Nación- y del Estado. Y este
último, actuó de manera funcional a los intereses de los que detentaban el poder
económico en la empresa y entre ambos podian invisibilizar la problemática de las
deudas externas.
Con lo referido, la información, en materia de créditos o deudas externas,
era acotada o invisibilizada, por los diarios, radios y televisión cooptados o
condicionados por las entidades financieras vinculadas a las obligaciones crediticias
que se asumían por el Estado.
En el objetivo buscado, también se manipuló la visión sobre las deudas
externas que se asumían, hasta en el uso del lenguaje cotidiano. Se utilizaban y
utiliza para ello palabras o frases inductoras y tramposas, que favorecían y favorecen
a una visión edulcorada de la problemática o distoricionada, con sometimiento
económico, jurídico, cultural y sicológico, en una verdadera colonización cultural
semántica en la materia, (sobre lo que se ampliará más adelante en este trabajo).
En otras ocasiones, como parte de la misma lógica de ocultamiento, se
apeló a un lenguaje complejo, -casi críptico- y de difícil comprensión para las
personas en general, dejándose la sensación que sólo algunos elegidos eran y son
los que podían y pueden evaluar y tratar la temática, con capacidad reconocida sólo
por los interesados. Y todo aquel que no perteneciera a ese grupo de elegidos,
(“debidamente formado” -o adoctrinado- en los centros del poder económico y sus
universidades), no se les reconocía autoridad técnica para hablar sobre el tema. A
estos últimos además, se los presentaba como “subversivos” que no merecían ni
merecen respeto, ni consideración, ya que, podían empujar al país al abismo de la
indiferencia de los sectores crediticios multilaterales. La descalificación y el miedo
siempre se dejó traslucir, para operar como método paralizante de cualquier acción o
reacción ante los latrocinios financieros a los que se nos sometió y se nos somete.
Siempre se dejaba en claro que, en un “mundo civilizado” del lucro financiero, con
modalidades globalizadas, no se puede discutir el cumplimiento irrestricto de las obligaciones contraídas, sin importar si las mismas fueron legítimas o ilegítimas y sus
efectos fueran injustos y denigrantes, bajo pena de desaparecer del mundo.
Lo referido, como se ha dicho, estuvo y está acompañado de una bien
instrumentada manipulación de la información a la opinión pública por los medios de
difusión, sobre la conformación de la deuda externa de Argentina, montado en una
desinformación estructural de las obligaciones dinerarias asumidas por el país y la
falta de trasparencia en los acuerdos. Baste referir que los contratos por los que se
tomaba y toma deuda, por lo general tienen, como regla, cláusulas de
secretismo. A lo que hay que sumar que en dichos convenios de deuda se obliga a
resignar la jurisdicción nacional soberana, para el análisis de las cuestines que se
sucitaran. Aún más, ello permitió que jueces de menor cuantía de Nueva York, del
fuero federal de primera instancia, como Thomas Poole Griesa, pusieran en vilo el
futuro del país, antre las acciones deducidas por “fondos buitres” en contra del país y
que los problemas se trataran como si fueran cuestiones entre simple particulares.
A su vez, los medios de difusión ayudaron al desarrollo e incentivo de
actitudes culturales negativas, que colaboraron a gestar conductas y humores
sociales tolerante, a los verdaderos latrocinios a los que se sometió y se somete al
país, en materia de endeudamiento interno y externo.
Después, en Argentina la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación
Audiovisual de octubre de 2009 que derogó ley 22.285 mencionada, abrió puentes
para democratizar la comunicación, fijó pautas en contra de los monopolios
mediaticos y permitió acceder a medios de difusión a las entidades sin fines de lucro.
La norma pretendió poner un tope a la sobre presencia de determinados medios, en
particular, al llamado grupo Clarín, entre otros. Se buscaba desinversiones que
permitieran una competencia real de todos y que en ello se garantizara la
democratización de la palabra. Costó avanzar por los planteos judiciales formulados
por los detentadores de medios monopólicos u oligopólicos. Dicha norma contó con
la máxima legitimación democrática. Ella fue analizada y discutida en todo el país con
la participación de Universidades y entidades de diverso tipo. Luego, fue aprobada
por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo la
promulgó. Después, el grupo Clarín hizo un juicio de inconstitucionalidad y la Corte
Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional a la ley. Proceso en este último que tuve la posibilidad de participar como “amicus curiae” en la audiencia
llevada a cabo en el máximo tribunal del país en la defensa de la constitucionalidad
de la norma.
Más, al llegar al gobierno del presidente Mauricio Macri, en diciembre del
año 2015, dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15, a los pocos días de su
asunción, por el que prácticamente se sacaron los topes importantes a la tenencia de
medios y en materia de cables no se puso límite a la cantidad de propiedad de los
mismos. En ese proceso de entrega a grupos concentrados de la comunicación, el
gobierno terminó de permitir, por ejemplo, en el año 2016, la conformación de una
mega empresa de medios, autorizando la fusión y operación de la empresa telefónica
Telecom asociada a Cablevisión Holding S.A. Este último grupo empresarial, es una
desmembración del grupo Clarín, que a estos fines se dividió en dos. Empresas ellas
que, también poseen una concentración de medios de difusión de diversos tipos y de
sus insumos básicos como el papel para la prensa, la publicidad y otros, y a las que
se le suma ahora el manejo de la telefonía, (la conectividad), Internet y de los
mensajes de texto, whatsapp y/o twitter, etc. Todo ello, en manos de un solo grupo
empresario que, como tal, no sería autorizado en países como México, Brasil,
Francia, Alemania o Estados Unidos. A su vez, conforme a la fusión autorizada la
nueva empresa podrá ofrecer lo que se conoce como “cuádruple play” (4G), que es
una combinación de telecomunicaciones fijas y móviles, distribución de video e
internet. Dicho grupo empresario, prácticamente, pasó a tener el control de las
industrias del entretenimiento, el manejo central de las comunicaciones telefónicas y
en definitiva, de la construcción de la opinión pública, siendo voceros centrales del
discurso hegemónico del gobierno. Además, la fusión autorizada consolidó una lógica
unitaria en materia de información como nunca había sucedido en el país de
estructura federal. A su vez, el periodismo pensante del interior del extenso país no
tuvo, ni tiene espacio, y en ello hay que tener presente que Argentina tiene una
estructura federal.
El contexto antes referido permitió generar el ambiente propicio para
autorizar negociar con “fondo buitres” en condiciones insultantes para el país y luego
de ello, constituir una deuda externa, como no había sucedido nunca en Argentina.
Así, sólo en el gobierno de Macri se emitió deuda por casi u$s 188.000 millones de dólares y en la que nos encontramos sumidos en este momento, incluso con créditos
tomados a 100 años y con intereses leoninos.
Además, la fuga de capitalesalcanza los u$s 94.274 millones de dólares en
la actual gestión del gobierno macrista y los seguros contra un default argentino
subieron casi un 250% en los últimos doce meses, alcanzando un máximo de 914
puntos, todo esto según el informe del Observatorio de Deuda Externa (ODE) 3 .
Los dueños de la información
La conjunción de intereses que se adueñaron, directa o indirectamente, de
la política informativa de muchos medios importantes de Argentina estaban claros y
actuaron conforme a la estrategia necesaria para cada momento, como se ha dicho.
El mensaje uniforme estaba y está asegurado en Argentina, no solo con
lógicas monopólicas y oligopólicas horizontales, sino también verticales. Se abarcó
todo el territorio Argentino en su influencia y se manejaba toda la cadena de
producción, distribución y emisión de la información.
Si bien cabe dejar a salvo a periodismo valioso y medios que trataron y
tratan de ser fieles a la noticia debida en la temática, lo cierto es que, como se ve, y
como muestra basta un botón, todo se tocaba y toca con intereses condicionantes de
los medios. Los bancos como el Goldman Sachs, Citibank y J.P. Morgan-Chace,
prestamistas; gestores de créditos externos; vendedores de influencia; comisionistas;
inventores y fijadores del llamado “riesgo país”; cómplices necesarios de operaciones
fraudulentas y usurarias en contra de países, pueblos y personas; desinformadores
confesos y reincidentes, multados por las autoridades norteamericanas y europeas
por mentir en lo que informaban o no informar debidamente, como se referirá más
adelante. Esos bancos, además, de diversas maneras han manejado y manejan,
directa e indirectamente, la información “en” y “de” Argentina. Ellos de alguna
manera, nos dicen que somos y lo que debemos hacer en materia de inversión
financiera y en el manejo económico del país.
En el caso del gobierno de Mauricio Macri, ahora también, desde mayo
2018, con la particular incidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que es quién determina como se manejan los dineros argentinos destinados a la deuda y
dispone respecto del uso de los dineros prestados al país. Dicha entidad le ha llegado
a prestar a la Argentina la suma de u$s 57.100 millones de dólares.
Manipulación semántica, palabras y frases inductoras y tramposas
En el objetivo buscado, cabe detenerse más específicamente, en el uso del
lenguaje cotidiano los medios de difusión, que también de esa manera se pudo
manipular la visión sobre el tema de deuda externa. En ello se usaron palabras o
frases inductoras y tramposas, que favorecían una mirada edulcorada, con
sometimiento sicológico y cultural que producían una verdadera colonización
semántica. Y en otras ocasiones, como se ha referido, se usó un lenguaje complejo y
de difícil comprensión para las personas en general, dejándose la sensación que sólo
algunos elegidos eran los que podían evaluar y tratar la temática, con capacidad
reconocida.
Asimismo, en el manejo mediático sobre el tema de la deuda externa
argentina se ha llevado y lleva a cabo un trabajo sutil sobre la conciencia social.
Las palabras que referían al tema de la deuda externa, en muchos casos,
fueron presentadas endulzadas y con un bien trabajado sentido semántico, para
desactivar las defensas e inducir actitudes favorables a lo querido. Se buscó y busca
condicionar y permitir colonizar mentalmente, con el uso de un lenguaje tramposo y
escenográfico.
Los gestores de opinión pública enseñaron y enseñan, didácticamente, por
todos los medios, que siempre se deben “honrar las deudas externas”, sin
cuestionar, si son legítimas, indignas, odiosas o irritas 4 . La inducción a “honrar” era elegida a propósito, ya que implica conceptualizar que las deudas, en si mismas
merecen ser “enaltecidas o se debe valorar su mérito”. Conceptos estos últimos de la
definición del verbo “honrar”, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia
Española. O sea, se pretende que las deudas sean alabadas y consideradas como de
gran mérito. Actitudes estas que se dispensan sólo a Dioses que se honran o sea a
algo superior a uno. A su vez, cabe señalar que a los Dioses no se les habla en
condiciones de igualdad, siempre se presupone un respeto reverencial a lo que se
tiene como honrable. En definitiva, se nos obliga a mirar para arriba, ya que no se
nos supone al mismo nivel. De esa manera, se nos prepara para no exigir derechos y
responsabilidades a los supuestos acreedores, porque a los Dioses no se les reclama
nada y menos derechos. A ellos sólo se los alaba y enaltece y se les rinde cuenta de
los deberes que se hicieron y se les implora perdones, por lo que el ser superior
puede entender como no cumplido. Esta actitud de sumisión se trabajó como básica
para condicionar la discusión sobre las deudas externas de Argentina. Con el
agravante, que ello permitió que, cada vez que se negociaban las deudas, se
resignaran más derechos y se aumentaban los deberes. Esto último, haciéndonos
creer que se nos concedían beneficios que debíamos agradecer.
Nunca se habla de los “prestamistas externos”, se los denomina los
“acreedores externos”, lo que implica asumirnos, en todo momento, como
“deudores”, ante cualquier reclamo de ellos, con independencia de analizar si
realmente se debe lo que se nos reclama. Esto último es fundamental dirimirlo, ya
que, en muchos casos, se pretenden pagos de supuestas deudas de origen ilegítimo,
usurario y producto de diversas situaciones en las que, incluso, los llamados
acreedores serían realmente deudores, porque lo que se busca cobrar, ya se ha
pagado más de una vez o no corresponde abonarse por ilegítimo o indebido.
Por su parte, siempre los supuestos acreedores son anónimos, y en
muchos casos sin estructura institucional. No aparecen nombres de quienes nos
reclaman y se habla de países acreedores de manera genérica, sin distinguir si son
préstamos directos de Estado a Estado o por Bancos o Entidades Financieras. A su
vez, estos últimos, no necesariamente son de un país en concreto. En el mejor de los casos se los denomina con genéricos. Es el caso del llamado “Club de París”. En
realidad, no es un club, ni un organismo, ni una persona jurídica propiamente dicha,
ya que es un ámbito informal de acreedores, que se arroga la función de coordinar
formas de pago y renegociación de deudas externas de los países deudores con las
instituciones de préstamo. Paradójicamente, fue creado en el año 1956, cuando
Argentina efectuó un encuentro con sus acreedores públicos, para refinanciar su
deuda externa ante otros gobiernos.
Además, cuando se discute el presupuesto nacional y se hacen las
previsiones de pago de deudas externas se denomina a dichos montos, como pagos
de los “servicios de la deuda”. “¡Servicios!”, los que son duras cantidades a pagar
en concepto de capital e intereses, se los conceptúa “servicio” y no como simples
pagos de deudas, como se llama a los pagos que se hacen a cualquier otro acreedor
del Estado. Resulta inaceptable el concepto usado, repárese que algunos de los
significados que tiene la palabra “servicio”, según el Diccionario de la Real Academia
Española es la “Acción y efecto de servir”; o “Favor que se hace a alguien” o el
“Conjunto de criados o sirvientes” o “Prestación humana que satisface alguna
necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales”. Cuesta
pensar que debamos “servir a una deuda pesada e injusta” y menos entender que
ello es producto de un “favor” que se nos hace. Peor que ello, aunque con dosis de
realidad, se nos transforme en “criados o sirvientes de ella” o que se pueda entender
que simbólicamente implique la “satisfacción de una necesidad social que no produce
bienes materiales”. Esto último, si bien el pago de la deuda, no consiste en la
producción de bienes materiales, se lleva el ahorro y el esfuerzo de las personas,
pueblos y naciones, muchas veces, desde lógicas usurarias e ilegítimas, en especial
por sus intereses. La deuda no nos hace ningún “servicio”. Algunos, con un pudor
realista cambian el “de” por “a la” y se habla de “servicio a la deuda”. Aún así, es
inaceptable que pueblos y naciones tengan que aceptar, incluso desde la palabra,
que se debe “servir”, al capital e intereses de la deuda. Son las nuevas esclavitudes
semánticas asumidas sin reflexión. Nunca se debe “servir” a la deuda, solo se debe
pagar lo que corresponda, preservando la dignidad humana, lo que se debe y
repudiar lo ilegítimo, indigno o irrito, pero de ninguna manera en actitud servil.
Desde este condicionamiento idiomático también se nos ha preparado y prepara, especialmente desde los medios de difusión, para la sumisión irreflexiva en el tema.
También se enseñó que el país se volvía riesgoso si no cumplía, sin
condicionamientos, lo que se le exigía que se abonara por los bancos prestamistas.
Hubo momentos en los que se nos degradó como sociedad y la temperatura de
nuestra autoestima dependía sólo del índice llamado “riesgo país”, que brindaban
diariamente los medios de difusión de manera destacada, por la influencia de los
bancos. Era un fantasma que las personas sólo podían temer, aunque no se les
permitía saber las razones en virtud de las cuales los que nos endeudaron nos
responsabilizaban y pretendían que nos volviéramos “creíbles” ante el mundo sólo
pagando, sin discutir lo que se nos decía que debíamos. Como se ha dicho, se
transmitía la sensación de que, para reingresar al mundo civilizado, no correspondía
preguntar y se tenía y tiene que pagar, para no ser unos castigados y poder bajar la
temperatura del “riesgo país”. Más no se explicaba que el concepto de “riesgo país” 5 ,
en principio, lo calcula un banco estadounidense JP Morgan-Chase. Aunque también
el Banco Goldman Sachs usa un modelo para la estimación del que llama “riesgo
soberano”. Bancos estos que fueron multados por brindar información indebida a sus
clientes o por actividades ilegales. Y los medios de difusión vinculados a ellos, no han
hecho conocer, adecuadamente, dichas circunstancias. Esto hubiera llevado a
determinar un alto “riesgo” a la información brindada por dichas entidades bancarias.
En este aspecto, se puede referir que el Goldman Sachs, era un banco que
de su seno salían muchos de los hombres que decidían los aspectos centrales de la
política económica y financiera de los Estados Unidos. Tal fue el caso de Henry
Paulson, que era socio y secretario general de Goldman Sachs y pasó a ser
Secretario del Tesoro, en la administración del presidente George W. Bush, el 30 de
mayo de 2006.
Más, no puede dejar de mencionar que, ya a fines del año 2002, Eliot
Spitzer, fiscal general del estado de Nueva York, dirigió la investigación de las
autoridades estatales y federales en contra de defraudaciones efectuadas por
diversas entidades bancarias que engañaron a los inversores con informes de
investigación tendenciosos. Se logró así que fueran multados, el Banco Goldman Sachs Group Inc. con 110 millones de dólares, el Banco J.P. Morgan con 80 millones
de dólares y el Citigroup con 400 millones de dólares.
Mientras tanto, el 16 de abril de 2010, la Comisión del Mercado de Valores
de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission- SEC) acusó a
Goldman Sachs de fraude. Se sostuvo que tenía responsabilidad de haber creado y
vendido productos vinculados al negocio de hipotecas, que causaron pérdidas por
más de mil millones de dólares a inversores tentados por ganancias especulativas, en
base a “información distorsionada”. Fueron esos derivados los que, precisamente,
dispararon el problema de la llamada «burbuja inmobiliaria», que llevó a una crisis
financiera global. Los intereses del grupo movieron influencias tremendas para no
quedar incriminado, no obstante ello, en julio del año 2010, el banco Goldman Sachs
debió pagar quinientos cincuenta millones de dólares (U$S 550.000.000) de multa,
para poner fin a la demanda en su contra, presentada por la SEC. Se trató de la
mayor multa cobrada a una entidad financiera por parte de la SEC en su historia. A
su vez, Goldman Sachs tuvo que reconocer en el acuerdo al que se arribó,
formalmente, que dio “información incompleta” a sus clientes 6 .
En consecuencia, ¿Qué tipo de confiabilidad se podía o puede tener en la
información que dicho banco brindaba y brinda, en los medios que le pertenecían y
pertenecen, en distintas proporciones, respecto de las operaciones en las que tenía o
tiene intereses en Argentina?
Mientras tanto y como una dádiva, los acreedores, exclusivamente, nos
autorizaban a pedir un refinanciamiento, sin cuestionar la legitimidad de las
acreencias, ni importar si ello llevaba a graves violaciones de derechos humanos que
afectan la dignidad de nuestro pueblo y ello implica graves anatocismos por los que
se capitalizan intereses usurarios y la convalidación de graves ratioferusismos.
A lo sostenido hay que sumar que, con motivo del triunfo de la oposición a
Mauricio Macri, por parte de Alberto Fernández en las elecciones Primarias Abiertas
Simultaneas y Obligatorias (PASO), llevadas a cabo en Argentina el 11 de agosto de
esta año 2019, lo primero que salió a decir el gobierno fue que el aumento desmesurado del dólar, era “la culpa del pueblo que vota mal”. O sea, se explicó que
lo sucedido no fue responsabilidad del gobierno en su desmanejo económico, sino
por la expresión democrática del pueblo. Lo que opera también, como una extorsión
de los grupos financieros y de mercados, por sobre la voluntad popular expresada.
Todo ello inaceptable en una República Democrática.
Asimismo, cabe también detenerse en la palabra “mercado” que, como
bien dice Héctor Giulliano, “El Mercado – esa entelequia que enmascara el accionar
de pocos grandes operadores financiero-cambiarios (fundamentalmente Bancos,
Compañías de Seguros y Fondos de Inversión) – no es una entidad abstracta ni se
mueve siguiendo reglas teóricas de Oferta y Demanda sino que, por el contrario, es
el conjunto de pesados actores que determinan e inducen los movimientos de la
plaza a modo de profecía auto-cumplida” 7 .
Desinformación estructural
La información, que es central para el análisis del tema, se ha retaceado
en aspectos esenciales. Comunicadores de larga trayectoria y los gobiernos de turno
no informan con claridad las condiciones y objetivos que motivaron contraer la
deuda, ya que, en muchos casos, como bien refiere Miguel A. Espeche Gil, fueron
contraídas con fraude y falsedad instrumental de los contratos 8 .
A su vez, no se ha transparentado el destino dado a los créditos recibidos,
ni las razones, injustificables, por las que se convalidó el aumento unilateral de los
intereses de la deuda externa, con lógica usuraria, (por ejemplo, en 1980, en pocos
meses, los acreedores elevaron, por su sola decisión, el interés de la deuda del 6%
anual, a más del 20% por año).
Tampoco se informa, adecuadamente, el monto de lo pagado en
honorarios y comisiones por las renegociaciones de la deuda; los motivos por los que se aceptó la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros y se permitió
capitalizar intereses en anatosismos inaceptables; o las razones por las que no se
ejecutaron los seguros por riesgo de default, en favor de Argentina, cuando se
dieron las condiciones para ello, con motivo del default de 2001 y tantas otras dudas
existentes.
También, en este momento, siguiendo a Héctor Giulliano, el gobierno de
Macri, “debiera dar a conocer: a) quiénes son los grandes grupos que estuvieron y
siguen comprando dólares que provocan la caída de las reservas internacionales del
Banco Central (BCRA), b) quiénes son los principales Bancos tenedores de Leliq y
Pases Pasivos, y c) quiénes son los principales suscriptores de Contratos de Dólar a
Futuro y por qué valores” 9 .
La usura edulcorada
La usura consiste en el cobro excesivo de intereses en un préstamo de
dinero, la capitalización del mismo (anatocismo -intereses sobre intereses-) y el
ratioferusismo 10 . Esta modalidad enriquece al prestamista excesivamente y trae un
claro y profundo e injusto empobrecimiento para quien debe pagar los montos
abusivos resultantes.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de
Costa Rica-, con jerarquía constitucional en Argentina (art. 75 inc. 22 C.N.), dispone
que: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el
hombre, deben ser prohibidas por la ley”, (artículo 21, inc. 3).
A su vez, uno de los males más profundos que ha dejado en nuestro país
la llamada “patria financiera” ha sido una cultura en la que la especulación dineraria
desmedida fue aceptada con permisividad moral, por sobre la protección del capital
proveniente del trabajo o de la producción. Hoy la llamada bicicleta “financiera”
funciona con más firmeza que en los años 90´ y con mejores beneficios para los
abusadores. Además, se ha destrozado la brújula moral en ese aspecto. En este
momento los bancos aplican a las tarjetas de crédito un interés de hasta el 260%
anual.
La llamada “bicicleta financiera”, se trataba y trata, básicamente, en
aprovechar el diferencial que existía entre las tasas de interés locales e
internacionales, factor generado por el retraso de la paridad cambiaria. Atento a ello,
el negocio se basa en solicitar créditos al exterior, cambiar las divisas ingresadas al
tipo de cambio vigente (sobrevaluado), colocar ese dinero en el mercado financiero
local (plazos fijos a altas tasas de interés, Letras de Liquidez a siete días de plazo
(Leliq), a una tasa promedio de corte emitidas por el Banco Central de la República
Argentina, que ha alcanzado a fijarse en 85 %, por siete días y luego,se
reconvertían esos pesos nuevamente en divisas, con un dólar garantizado de
diversas forma, lo cual arrojaba cuantiosas ganancias. A lo que se agrega, la garnatía
extra de la llamada venta de “dólar a futuro”, de modo que, si se produjera cualquier
devaluación del peso los acreedores quedan a cubierto de tales variaciones. Aunque
estas operaciones se hacen en secreto sin que se pueda saber quienes son los que
realizan dichas operaciones y como se benefician.
Héctor Giuliano reiere al respecto, que“no sabemos con quiénes nos está
endeudando la administración Macrista: no se conoce quiénes son los Bancos
tenedores de las Leliq y Pases Pasivos ni mucho menos el monto de los títulos que
están en poder de cada uno de ellos, no se conoce la identificación y monto de los
capitales financieros internacionales ingresados y operantes en el país a través del
negocio de carry trade o bicicleta financiera – que se realiza a través de la
intermediación bancaria – ni se conoce la correlación que existe entre dichos fondos
especulativos y las entidades financieras respectivas. Ni se conoce tampoco con
quienes el BCRA suscribe sus contratos de Dólar a Futuro, que refuerzan el
compromiso de garantía a los acreedores financieros del Banco. Estrictamente
hablando, este problema no es nuevo: la regla tradicional del Poder Financiero es
que todo lo verdaderamente importante en esta materia permanezca en secreto. Y la
Deuda es lo más secreto, en la Argentina y en el Mundo, precisamente porque es lo
más importante” 11 .
Asimismo, el Estado ha generado y propicia irresponsablemente,
situaciones ideales para la proliferación de la actividad usuraria. Con una inflación desmedida, en un contexto de recesión y desempleo, el ambiente resulta adecuado
para empujar a las personas y a las empresas, en manos de los usureros para
conseguir, desesperadamente, el dinero que necesitan.
Luego, con el discurso que pagando sin discutir se dijo que nos
integrábamos al mundo, la Ley de pago a los fondos buitres fue rendición
incondicional de Argentina y no se hizo conocer el acuerdo, como se ha dicho.
En este momento, luego del gran edeudamiento que el gobierno de Macri
produjo, nos encontramos que se está pagando Intereses por pesos $ 7.500.000.000
millones por día (Tesorería $ 2.000.000.000 millones Bco. Central de la Rep. Arg. –
BCRA-$ 5.500.000.000) o sea, pesos $ 312.500.000 por hora (U$S 5.296.610,17
dólares, calculando el dólar a $ 59 pesos aunque ya supera los $ 60 pesos).
A su vez, la economía a quedado al borde del abismo del default, aunque
muchos economistas ya dicen que técnicamente ya estamos en default. Y todo lo
sucedido en el país, con una gran complicidad de una prensa hegemónica que ha
desinformado a la sociedad sobre los efectos de una duplicación de la deuda externa
argentina. Incluso, se han contraido deuda a 100 años.
A su vez, como se ha dicho, se cayó en manos del Fondo Monetario
Internacional (FMI), con fuerte respaldo de U.S.A., que ha buscado de muchas
formas salvar a un gobierno que se ha subordinado a defender cada uno de sus
intereses geopolíticos en la región.
Una vez más, tampoco se han cumplido, como en otras ocasiones, todos
ls requisitos legales y administrativos propios del endeudamiento al que se sometió al
país. Incluso no se respetó el propio estatuto del F.M.I.
Deuda perpétua
Más a lo referido hay que sumar la usura consentida y propiciada,
especialmente, por el Gobierno Nacional actual y algunos gobiernos provinciales y
municipales, que ha potenciado el endeudamiento externo perpetuo, con el aval del
FMI. Se han dedicado a tomar créditos en dólares, haciendo crecer grandemente la
deuda ininterrumpidamente, sin que la recaudación tributaria alcance para cubrir los
gastos. Al no tener capacidad de devolución a través de la generación de recursos
genuinos, los funcionarios solo se ocupan de ir refinanciando deuda, particularmente en dólares. Deuda e intereses luego se atienden con nueva deuda, en un proceso de
refinanciamiento permanente, con intereses exhorbinates, lo que se transforma en
una deuda a perpetuidad. En realidad, ante la necesidad inexorable de contar
nuevamente con dinero por parte de la Argentina, los acreedores usureros nos
someten a condiciones cada vez más desproporcionadas. Aún más, con un índice de
riesgo país que ha superado los dos mil puntos.
Situación esta última que se agrava en este momento, si se tiene en
cuenta que en la presente crisis financiera se muestra un Estado en el que el
gobierno nacional, gran parte de los funcionarios que deben equilibrar los
desequilibrios, tienen su dinero en el exterior y han sido muy beneficiados con el alza
desmedida del dólar. Y a su vez, algunos de ellos han sido y son representantes de la
usura más despiadada. Fondos estos que compraron a precio vil los bonos de la
deuda y esquilmaron a la Argentina.
Asimismo, a los delitos que implicaban responsabilidad penal de los
manejos financieros indebidos se hicieron desaparecer de la conciencia colectiva,
como algo criminoso. Así el delito de “usura” desarrolló una verdadera tolerancia
social y el Fondo Monetario Internacional condicionó cualquier acuerdo con la
Argentina, luego de la crisis del año 2001, a la derogación de la Ley 20.840 de
Subversión Económica. La que se derogó por la ley 25.602 del año 2002, sin mayor
oposición. De esa manera se consagró la impunidad de financistas y banqueros
procesados o condenados, en causas penales por graves desfalcos económicos que
generaron quebrantos y vaciamientos de instituciones bancarias o financieras y
ayudaron a acrecentar la deuda externa ficticia.
Tampoco se ha trabajado y difundido lo que bien han venido sosteniendo
por las iglesias. Hay que reparar que la mayoría de las religiones se han opuesto al
cobro de intereses usurarios.
Así, bien se ha dicho por la Pontificia Comisión “Iustitia et Pax”, de la
Iglesia Católica, en su su documento denomiando “Al servicio de la Comunidad
Humana: una consideración ética de la deuda internacional”, de fecha 27 de
diciembre de 1986, en el que se expresó que el pago de la deuda externa “no puede
ser satisfecho al precio de una asfixia de la economía de un país. Ningún gobierno
puede exigir moralmente de su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad de las personas…, la Iglesia incita de nuevo a todas las partes en causa a
que examinen las implicaciones éticas de la cuestión de la deuda exterior de los
países en desarrollo con el fin de llegar a soluciones justas y respetuosas de la
dignidad de quienes padecen más duramente sus consecuencias” 12 . Lo planteado es
fundamental, por lo que ahora los acreedores externos manejan el criterio que se
tratan de deuda entre particulares y por tanto no se trata de un gobierno
propiamente dicho que presione. Así se manejaron los planteos efectuados por los
“Fondos Buitres”, ante el juez Griesa de New York en contra de Argentina.
De igual manera tuvo particular preocupación por la poblemática, la
Federación Luterana Mundial (FLM) 13 , que con otras iglesias como la Calvinista, han
realizado una invalorable tarea para obligar a reflexionar sobre la problemáticas de
las deudas externas. Aún más, agregaron, que “Las iglesias conocen el significado
que la Deuda Externa tiene para las personas en las bancas de los templos, en la
sociedad entera y particularmente en los sectores de la sociedad (por ejemplo: la
ausencia de servicios sociales debido a la priorización del pago de la deuda)” 14 .
Acostumbramiento a discutir cosas superficiales
A lo sostenido, cabe agregar que los medios de difusión, principalmente
en manos bancarias financieras o influenciados directa o indirectamente por dichas
entidades, se encargaron de acostumbrar a la sociedad a discutir cosas superficiales
e intrascendentes, porque el mercado neoliberal busca despolitizar la realidad y de esa forma se disuadía y disuade a la verdadera participación ciudadana y se
desactivaba el juicio crítico esencial, sobre cuestiones básicas del Estado.
Todo lo cual también llevó a un empobrecimiento cívico y por ende, a una
degradación de la calidad de la democracia que se forjaba y forja. Esto en un
contexto de una lógica de mercado impuesta como único mecanismo a respetar, por
sobre interés general o el bien común. Ignacio Ramonet, ex-director del diario “Le
Monde Diplomatique”, ha sostenido que, “en una atmósfera de feroz competencia,
¿Cómo podemos estar seguros de que la información aportada por un medio no
estará orientada a defender directa o indirectamente los intereses de su grupo, antes
que los del ciudadano?” 15 .
Los medios de difusión, en especial radio y televisión han desarrollado, en
general, una política de aturdimiento a la ciudadanía buscando “vender”, mas que
“convencer”; “aturdir” más que “reflexionar”; imponer frases mas que discutir
“ideas”; “jugar con imágenes” más que apelar al “juicio crítico”. Todo lo cual llevó a
un empobrecimiento cívico y, por ende, a una degradación de la calidad de la
Democracia. En la gran escenografía mediática motada se convenció y se logró llevar
adelante cambios negativos profundos en el país, sin el análisis debido y sin adoptar
los recaudos necesarios. Así se convenció y se logró llevar adelante nuevos
endeudamientos externos y la convalidación de las deudas anteriores.
Informar y formar, un compromiso de todos
Lo referido no es un repaso exhaustivo de todo lo que fue contribuyendo a
tapar y hacer invisible al pueblo argentino la problemática de la deuda externa
ilegítima o irritante, pero ayuda a que se vea parte del mecanismo por el cual se la
ha sacado de la agenda de la discusión social y política.
Urgente debemos abocarnos al problema y hacer los cambios necesarios,
para lograr informar y formar sobre el tema y generar la actitud que ayude a encarar
los caminos jurídicos adecuados. Hay que evitar que, una vez más, se termine
pagando lo ilegítimo, de espalda a la sociedad, a costa de los más débiles y con
impunidad de los responsables.
Hay que hacer, en consecuencia, una gran convocatoria a toda la sociedad
civil, para que, junto al Estado -sin corrupción-, se recompongan los canales que
permitan que éste pueda afirmarse y fortalecerse, desde la ética democrática. Será la
manera legítima y eficaz de no quedar a merced de humores cambiantes de grupos o mercados. De lo contrario, estaremos encerrados ante dictaduras virtuales, sin
nombres, ni rostros, pero tan crueles e inhumanas, como cualquier dictadura.
Desde una sociedad adulta y participativa, en un Estado democrático
potenciado por la misma, hace a la moral del momento, entre otros aspectos,
replantear jurídicamente el análisis de la deuda externa ilegítima, odiosa e irrita.
Corresponde asumir esa responsabilidad histórica sobre la base de la
transparencia y la rendición de cuentas. También consolidando nuevos medios de
comunicación, masivos alternativos, redes sociales por Internet para una sociedad
plural e informada, sin condicionamientos de bancas internacionales interesadas y
con una vocación de verdad y justicia, en aras de la dignidad de las personas y de
los pueblos.