En medio de la polémica por la compra con sobreprecio del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, está una realidad que debiera causar, al menos, la misma indignación: el hambre de miles y miles de argentines. Si bien existe desde mucho tiempo antes, el contexto actual, entre pandemia y cuarentena obligatoria, agudizan la situación. Conversamos con organizaciones sociales de Córdoba sobre su trabajo en la asistencia alimentaria, el aporte casi inexistente del Estado y las estrategias solidarias que se tramaron.*
“Damos prioridad a las necesidades del barrio, prioridad a los niños del barrio, damos prioridad a una calidad de vida mejor y, si no es el campo popular, ¿quién lo hace?. Es la voz del pueblo, de los más débiles. Lo que ellos no aprenden es que nosotros somos una de las cuatro patas de una mesa para que no se caiga. Nuestra voz se tiene que escuchar”.
Elena Cahuana – Movimiento de Trabajadores Excluidos
La pandemia por coronavirus no solo trajo medidas de cuidados, nuevxs infectadxs y muertes, sino también cambios profundos en la vida de las personas. Entre las múltiples realidades, está una urgente: la de aquelles que la pelean día a día por el plato de comida. Ni exageración ni metáfora, bien sabemos que es una vieja y triste realidad de este país de unos pocos. Ahora, se suma otra realidad que golpea: no trabajar en cuarentena.
Miles de familias trabajadoras de la economía popular asisten o son parte de asambleas vecinales, comedores barriales, copas de leche y salones comunitarios de las organizaciones sociales que existen hace años en la Córdoba profunda. Con la intención de mejorar el cotidiano, llevan a cabo actividades recreativas, ponen de pie cooperativas de trabajo, inventan talleres de oficios e innumerables actividades. “Estamos para servir a la comunidad y en sus necesidades de alimentación”, explica Elena Cahuana del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), “hacemos trabajo social y estamos muy atentos a las necesidades y a lo que necesita la comunidad”.
Si bien muchas de estas acciones se encuentran suspendidas actualmente, la provisión de alimentos es un trabajo esencial. Liz, compañera de Elena en el MTE, cuenta que reinventaron la forma de organizarse para “no dejar de dar los alimentos a los niños que necesitaban seguir siendo alimentados”. Reunides con les vecines, “llegamos a un acuerdo de entregarles bolsones de alimentos para estos niños” y que pudieran preparar la comida en la casa. Además, asisten a les adultes mayores que no pueden salir a las calles llevando un plato de comida a sus hogares.
Es que el hambre no espera y se multiplica. Nadya Scherbovsky participa en el Encuentro de Organizaciones (EO), cuenta que la situación “está complicadísima, cada vez más personas se acercan a nuestro salones comunitarios y la situación de cuarentena nos pone en jaque. Por un lado, porque aumenta la cantidad de personas que necesitan el plato de comida y, por otro lado, porque, desde los gobiernos, no envían los recursos que corresponden”.
Marco Galán, integrante de la Organización Carlos Mujica y director de radio La Ranchada, coincide con Nadya: “Hay más demanda y menos recursos, familias que, en otro momento, no accedían a los merenderos o comedores están yendo para requerir algún tipo de apoyo, los números se han incrementado, en algunos casos, casi el 100%”.
Esta preocupación es prioritaria para las organizaciones. Ezequiel Gamarro, integrante de la organización Marta Juárez, cuenta: “Hoy, distribuimos nuestra propia necesidad, sacamos un arroz a nuestros hijos para darle al resto de los niños y niñas que asisten a los comedores (…) las organizaciones somos parte de las soluciones, pero, sin recursos y acompañamiento del Estado, sólo se genera preocupación”.
“La realidad es que la necesidad desborda por mucho la posibilidad de abordaje”, dice Aylen Macias del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). “No llegamos. Los precios suben, los recursos bajan, la demanda aumenta… el drama social y económico al cual asistimos se vuelve cada vez peor”.
Asistencia del Estado
Si bien la alimentación es básica para sobrevivir, en Argentina, el hambre no deja de crecer y son las organizaciones sociales las que se encargan de cuidar la vida de les de abajo. Desde hace décadas, los planes de los gobiernos que dicen luchar contra el hambre son una frazada corta que siempre deja a miles con la panza vacía. Si bien gran parte de los recursos con los que se sostienen estos espacios son estatales, es el resultado de una larga, reñida y sostenida disputa con los gobiernos municipales, provinciales y nacionales. En un contexto de crisis como el que atravesamos, estas dificultades parecen profundizarse. “Hasta ahora, no hemos visto al gobierno movilizándose”, dice Elena, “hay un silencio total”.
En el caso de nación, les entrevistades coinciden en que, más allá de los anuncios, aún no llegan a las barriadas los refuerzos prometidos y es una fuente importante de alimentos. Además, a partir de las denuncias por sobreprecio en las compras de alimento efectuadas por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, “se nos avisó la suspensión del envío de alimentos hasta nuevo aviso”, cuenta Aylen.
Por su parte, Ezequiel explica que los espacios de su organización no reciben “ningún tipo de ayuda desde el Estado, son autogestionados por las compañeras de los barrios”.
Esta situación parece darse, por un lado, por la dinámica del centralismo porteño, ya que “desde la nación, siempre se nos respondió que, al no ser una organización nacional, no podían enviar recursos alimentarios”. La provincia, por su parte, les respondió que no asiste con alimentos y les negaron la incorporación al programa de comedores y copas de leche.
Las otras organizaciones consultadas reciben desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba una ayuda económica mensual, en formato de cheques, destinada a la compra de los insumos. Desde marzo, no se recibe esta partida, ya que los bancos no están atendiendo, sin embargo, Nadya asegura que trata de “una cuestión de voluntad, porque cuentan con recursos de sobra para poder hacer llegar los alimentos aunque no estén los bancos abiertos para cobrar un cheque y eso no se está implementando”. A este panorama, desde la FOL, agregan que, durante enero y febrero, no fueron enviadas las partidas correspondientes, mientras hay un “aumento exponencial de solicitudes de asistencia” y los precios suben: “La situación es un desastre”, sentencia Aylen.
En una provincia donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), casi un millón y medio de personas viven en hogares con ingresos inferiores a la canasta básica, es preocupante la falta de respuestas efectivas. Aylen explica que “las partidas ordinarias por comedor no superan los 10 pesos por día por comensal y, a veces, menos, dependiendo la cantidad de asistentes”. Este monto no se actualiza hace un año, “por lo tanto, está reducido por la inercia de la inflación”.
Desde el área de Emergencia Social del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, se comunicaron con el FOL para comunicarles que estaban buscando alternativas para instrumentar el programa de comedores y merenderos, “pero nos anticiparon un recorte del 17% de los fondos, lo que significaría que, si hasta el presente el gobierno provincial aportaba alrededor de 10 pesos por día por niñe, ahora, en plena crisis, pasará a aportar 8 pesos. De terror”.
La municipalidad aparece como la gran ausente. “Hace más de un año que no recibimos una respuesta”, dicen desde el EO, “sin embargo, nos indigna que, para perros y gatos de la calle, sí haya un plan claro de cuidado y protección, ya sea de alimentación como de salud, y, para las barriadas populares, no”. El pasado viernes, el intendente Martín Llaryora presentó el Plan de Emergencia Alimentaria para Perros y Gatos en situación de calle, coordinado por la Universidad Libre del Ambiente (ULA), dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la Municipalidad de Córdoba. La iniciativa establecerá 11 centros de distribución, a través de los cuales coordinará la recepción de donaciones de alimentos y su posterior distribución. “Nos parece alarmante la situación, sobre todo, cuando estamos hablando de una situación de crisis generalizada y, sobre todo, de hacerle frente a una pandemia sin la posibilidad de comer”, aseguró Nadya.
La situación con la municipalidad no es nueva, sino que se “arrastra desde la anterior gestión, no existe ninguna área dónde se pueda charlar; al venir nueva gestión, pensamos que la cosa iba cambiar, pero no hubo ninguna instancia para poder hablar con los funcionarios del área social”, explica Ezequiel.
Medidas de emergencia
Para paliar la situación actual, el gobierno nacional tomó medidas de emergencia de distinta naturaleza. “Valoramos positivamente los refuerzos que han tenido las asignaciones por hijo o las pensiones y jubilaciones”, reflexiona Marco, y entienden que la política del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “es un recurso que ha llegado para quedarse”, transformándose en “un ingreso ciudadano que permita a las familias populares sostener un ingreso mínimo porque la situación socioeconómica no se va a revertir de un día para el otro” en los sectores de la economía popular.
Para Aylen, las medidas de emergencia “alcanzan a segmentos limitados de les humildes y precarizades, y además de ser insuficientes, algunas aún no llegan (…). Si combinamos esto con la numerosa composición de las familias, la imposibilidad obvia de procurar recursos por cuenta propia y el incontenible aumento de los bienes de primera necesidad, la ecuación resulta en un gravísimo cuadro de hambre generalizado en los barrios populares”, sentencia.
La provincia también sumó un bono a la tarjeta social alimentaria, sin embargo, les beneficiaries de la tarjeta alimentaria nacional han dejado automáticamente de ser beneficiaries de la provincial. “A su vez, durante el año pasado, hubo bajas progresivas de beneficiarios por razones inexplicables. Esto es un gran achicamiento del gasto en este ítem que es incluso mayor al gasto efectuado en el bono”, denuncian desde el FOL.
“A este achicamiento, se le suma la falta de pago a numeroses trabajadores de la economía popular que, durante enero y febrero, realizaron trabajos para la provincia como refacciones de escuelas, mochilas y cartucheras, que, al día de hoy, no ven el pago y hay incertidumbre sobre su continuidad”.
Autonomía
Si bien el panorama en relación al Estado es desalentador, las organizaciones sociales, nacidas al calor de las luchas por la subsistencia, no se dejan amedrentar e inventan estrategias para seguir con estos espacios imprescindibles, aunque sin dejar de exigir lo que entienden como un derecho básico.
Desde el EO, llevaron adelante una campaña de donaciones con la que, al menos, evitaron cerrar sus espacios de alimentación. “La solidaridad de las personas en estos tiempos está siendo enorme, muchas, muy conmovidas con la situación, se acercan, nos donan lo mucho o poco que tengan, y, así y todo, no alcanza; por eso, es fundamental que el Estado cumpla con su responsabilidad”, cuenta Nadya. Creativamente, desplegaron diversas estrategias para recaudar fondos y llegar a más personas, como talleres virtuales a la gorra o festivales en Instagram. Además, las redes entre los espacios de la economía popular resultan fundamentales, como los nexos entre los comedores y espacios de producción de alimentos.
Por su parte, desde la Unión de trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), promovieron la campaña “Activemos Córdoba Solidaria”, junto con la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Facultad de Ciencias Sociales y otras facultades, la Universidad de Villa María y la Universidad Provincial de Córdoba, con los SRT y otras organizaciones. El objetivo es promover la solidaridad de les cordobeses para que realicen aportes para el sostenimiento de merenderos y comedores.
Con el dinero recaudado, Marco explica que, desde la UTEP, tienen la intención de comprar alimentos a los productores y productoras de la economía popular, para fortalecer el sector, “además de estar planteando al Estado la necesidad de que se incrementen las partidas destinadas a la producción de alimentos y que también se puedan sostener estas políticas de transferencias de ingresos que se están realizando a través de las políticas públicas”. Nadya agrega que “esta campaña tiene la potencia de que, junto con otras organizaciones desde el sindicato, podemos dar cuenta de la realidad que vivimos desde las barriadas populares”.
En tiempos de pandemia, de cuarentena obligatoria y de respuestas estatales insuficientes, las organizaciones sociales de Córdoba reafirman la histórica frase: “Sólo el pueblo salva al pueblo”.
*Artículo publicado originalmente en La Tinta
Imagen gentileza La Tinta