Un femicidio, una investigación judicial plagada de irregularidades, revictimización constante y formas patriarcales vigentes en los espacios judiciales.
Hoy inicia el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa y desde la mesa de trabajo que acompaña a la familia, en estas últimas semanas organizaron diferentes actividades para reivindicar su memoria.
A dos años de la aparición sin vida de Cecilia Basaldúa y en las puertas del juicio, compartimos un fragmento de una nota publicada hace algunos días por La Tinta, en conjunto con dichas organizaciones (Akelarre Feminismo Popular y Ni Una Menos Córdoba):
«Investigación judicial: un proceso plagado de irregularidades
La marea feminista no va a permitir ni perdonar las aberraciones que se cometieron durante dos años en la causa por el femicidio de Ceci. Aquí, no vamos a ahondar en las irregularidades existentes previas ya conocidas. Sin embargo, consideramos clave remarcar algunos datos de utilidad.
Cecilia desapareció el 5 de abril del 2020 y su familia realizó la denuncia tres días después. En su momento, no se activó el protocolo de búsqueda inmediata, como establece la ley provincial, y el caso fue caratulado desde un principio como averiguación de paradero, tomando como premisa que Cecilia se ausentó por voluntad propia.
Los testimonios de la policía a cargo de la búsqueda de Cecilia señalaron que la última vez que fue vista con vida fue en la zona de los tres puentes, tomando esta área como punto inicial en la reconstrucción de los hechos. Para la familia, esto es falso. Fue vista por última vez en la casa del policía retirado Mario Mainardi. Él la hospedaba y le dijo a la familia de Ceci que le había dado un brote psicótico y, por eso, la había echado de su casa.
Quien estuvo a cargo de la búsqueda territorial de Cecilia es el exdirector de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Concha, quien, este 2022, fue denunciado por abuso sexual y hoy está detenido. No se realizó una inspección ocular presencial en el lugar donde apareció el cuerpo.
El 25 de abril, tras las diferentes manifestaciones en distintos puntos del país que reclamaban la aparición de Cecilia, fue encontrada sin vida en las cercanías del basural de Capilla del Monte, a 1.200 metros al oeste de la Ruta 38 y a 5 kilómetros del lugar donde supuestamente fue vista por última vez. Detuvieron a Lucas Bustos, un joven peón albañil que la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -co-querellante de la causa- denunció que es un “perejil”.
A partir de esto, la fiscal Paula Kelm nunca investigó en el sentido que la querella -familiares de Cecilia- solicitaba. Dicha Fiscalía desestimó pruebas y testimonios claves, rechazó recursos interpuestos por la querella, abortó vías de investigación y forzó otras. En pocas palabras, se escondió más de lo que se investigó.
En agosto del 2020, apareció un audio de una testigo clave para la investigación. “María” narró cómo golpearon y desaparecieron a Cecilia. Mencionó a sus presuntos femicidas. Entre ellos, estaban los policías Ramón López y Ariel Zárate; el principal sospechoso, Mario Mainardi; Viviana Juárez, quien conectó a Cecilia con Mainardi, y José Meza, quien estuvo presente en una supuesta fiesta la noche anterior a la desaparición de Cecilia. La fiscal Kelm nunca peritó el audio.
A los 11 meses del femicidio, la fiscal Paula Kelm elevó a juicio la causa apuntando contra Bustos, el único acusado, sin ningún tipo de pruebas en su contra. La elevación a juicio se dio faltando más de 20 testimoniales, sin analizar las pruebas de luminol encontradas en la casa del principal sospechoso y sin investigar las contradicciones existentes de varios testigos, algunos de la fuerza policial. Ni siquiera se hizo énfasis en los audios de índole sexual que el principal sospechoso enviaba a Cecilia.
Lejos de ser una investigación con algún tipo de perspectiva de género, se revictimizó a Cecilia en todo momento. En más de una ocasión, se la trató de loca y hasta se investigó sobre su vida sexual. Es necesario remarcar que la última aberración fue solicitar como prueba, para el próximo debate oral y público, una autopsia psicológica sobre la memoria de Cecilia.
Se puede decir que, hoy, la investigación judicial del femicidio de Cecilia Basaldúa continúa en punto cero. No avanzó más después de la detención de Bustos. Las irregularidades y la incompetencia del Poder Judicial en este caso nos llevan a cuestionarnos las prácticas de un sistema patriarcal que encubre violentos, abusadores y femicidas. Que invisibiliza y excluye a mujeres y disidencias. Que nos quiere calladas y amenazadas. Que nos prefiere muertas.
En este contexto, el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) redactó un proyecto para rechazar la elevación a juicio de una causa que inició hace dos años, con orfandad probatoria y que, según los familiares de Cecilia y la querella, están estableciendo un manto de encubrimiento e impunidad sobre los principales sospechosos del caso. Es necesario destacar que hay agentes policiales y funcionarios públicos vinculados a esta causa.
La querella pidió la nulidad del proceso judicial de la fiscal Kelm y que se tomen en cuenta los aportes de la línea de investigación que hizo la propia querella y la familia de Cecilia«.
Fuente: La Tinta. La nota completa aquí.