A partir de que se comenzará a discutir públicamente la problemática del hambre en Argentina, los movimientos populares y el estado jugaron un rol importante a la hora de proponer políticas públicas que pongan un freno al terrible flagelo del hambre que se vive en los sectores populares. En este marco entrevistamos a Rosalía Cáceres, Subsecretaria provincial de Promoción de la Economía Familiar del reciente Ministerio de Promoción del Empleo y Economía Familiar; y a Mercedes González, Coordinadora de la Red de Consumo Popular de la Mutual Carlos Mugica, perteneciente a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Los movimientos populares fueron los protagonistas a la hora de poner en cuerpo y voz lo que estaba sucediendo, en su mayoría, con niños y niñas de los barrios populares de la Argentina. Este trabajo consistió en relevamientos de talla y peso, campañas de visibilización, movilizaciones, feriazos y leyes como la de la declaración de emergencia alimentaria. Sumado a esto, las discusiones en torno a la Soberanía Alimentaria y la lucha de los pequeños productores y la agricultura familiar que proponen un modelo que sea accesible a todos con alimentos sanos y a precios justos.
Es por este motivo que los movimientos sociales nucleados en la UTEP siguen discutiendo junto a los diferentes espacios gubernamentales la posibilidad de que a través de la Tarjeta Alimentar se pueda comprar a estos sectores organizados en redes, cooperativas, ferias barriales . El objetivo principal es comenzar a reconstruir ese tejido social tan golpeado estos últimos cuatro años, de manera que ese mismo dinero circule en la economía barrial.
Al preguntarle a Rosalía si es posible, expresó: «Es posible, todo lo que tiene que ver con la economía popular es posible».
Además comentó que ya se está trabajando en esa propuesta, cuyos lineamientos iniciales son fortalecer las unidades productivas de la producción popular de alimentos; y el trabajo integral junto con la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Familiar de la Provincia a cargo de Mariana Vigo; y con la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.
«Hay que habilitar los lugares necesarios, ya sean ferias, puntos de ventas, que ofrecen las mismas productoras y productores, para que tengan el lugar necesario para poder gozar de una habilitación. No solo para la venta si no también para ir construyendo una canasta de la economía popular, para que no sean las grandes marcas que se lleven estos ingresos” agregó Rosalía.
Por su parte, Mercedes nos aportó una mirada de posibilidades desde la producción y comercialización popular. A partir de la experiencia que lleva hace cinco años desde lo que comenzó como compras comunitarias y se fue transformando en una proveeduría, que «es una organización de productores de alimentos, consumidores, las familias, y algunas organizaciones que ofician de articuladores este vínculo entre consumidores y productores» según comentó a los micrófonos de Radio la Ranchada.
Entre las claves para que sea posible comprar alimentos producidos por la economía popular con la Tarjeta Alimentar; resaltó a los mercados populares, y a una capacidad de producción, abastecimiento y logística adecuada que debe ser regulada por el estado:
“Es imprescindible que nos organicemos, que organicemos la oferta que tenemos los productores de la agricultura familiar, de la economía popular. Para poder ofrecerles, acercarlos y tener mecanismos de logística que hagan que eso esté concentrado”.
«Lo que ofrecen las grandes superficies es la opción de adquirir todos los productos al mismo tiempo. La practicidad es algo que se valora muchísimo, que los pequeños productores no tenemos resueltas y de ahí la necesidad de que el estado intervenga para garantizar y promover que el sector cuente con algunos instrumentos mas para que todo el flujo de dinero y consumo vuelva y siga girando en el circuito de la economía popular«