Desde el espacio, repudian la modalidad que está llevando adelante el Poder Ejecutivo, considerada por el colectivo como “abiertamente inconstitucional”. En diálogo con Radio Comunitaria La Ranchada, Patricia Giussani, mamá de Elena, una joven con discapacidad, expresó su preocupación por la falta de cumplimiento de la normativa: “Lo publican en el Boletín Oficial, lo promulgan, pero se niegan a implementarlo. Definitivamente se están negando a cumplir la ley”, señaló Patricia, cuestionando que se haya emitido un decreto que deriva decisiones al Congreso cuando la propia ley ya establece en su artículo 19 la responsabilidad del Ejecutivo.
Patricia explicó que, mientras la ley sigue sin aplicarse, continúan los recortes en pensiones y otras medidas que afectan directamente a las personas con discapacidad. “Dijeron que iban a suspender las bajas, pero no sucedió. Siguen suspendiendo pensiones y en muchos casos, aunque luego las restituyen, se quedan con los meses que no pagaron. Es una situación de crueldad y mala praxis”, denunció.
Desde la Campaña Federal señalan que la supuesta auditoría tiene como fin recortar beneficios, y que incluso se ha premiado a empleados por la cantidad de bajas otorgadas, lo que llevó a decisiones arbitrarias y deshumanizantes. “Esto no es una auditoría, es un recorte brutal disfrazado con un nombre más elegante para hacerlo socialmente aceptable”, remarcó Giussani.
Frente a esta situación, se convocó a una jornada de paro y concentración el próximo miércoles 1 de octubre. En Córdoba, la movilización será a las 12 en Plaza San Martín, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires será a las 11 en Plaza de Mayo. “Esta vez vamos directamente al Ejecutivo para que cumpla con su función», concluyó Patricia.
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