El Gobierno Nacional decretó el congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos por falta de pago durante el lapso de 180 días.
La medida que dispuso el Gobierno este domingo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), implica el congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos por falta de pago durante seis meses, en el marco de las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico ante la crisis por el coronavirus (Covid-19).
La norma, fue publicada en el Boletín Oficial y suspende los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria hasta el 30 de septiembre.
Además, la medida también prevé el congelamiento de los precios de los alquileres al valor de marzo, que la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente acordado en los contratos se pague recién a partir del mes de octubre.
«Nos encontramos ante una emergencia sanitaria que obliga al gobierno a adoptar medidas y decisiones con el objetivo de velar por la salud pública, pero, también, para paliar los efectos de las medidas restrictivas dispuestas, que afectarán el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad comercial, entre otros muchos efectos», sostiene el DNU 320/2020.
El decreto, tambien señala «extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social» y de esta manera, debe velar por derecho a la vida pero también por el derecho a la vivienda.
«Torna de muy difícil cumplimiento, para una importante cantidad de locatarios y locatarias, hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos» ya que «ven afectados fuertemente sus ingresos por la merma de la actividad económica», advierte el DNU.
«Ante estas situaciones, muchos locatarios y locatarias, en el marco de esta coyuntura, pueden incurrir en incumplimientos contractuales, y ello, a su vez, puede desembocar, finalmente, en el desalojo de la vivienda en la cual residen. Ello agravaría aún más la compleja situación que atraviesan y las condiciones sociales imperantes», concluye el documento.