Bajo la presidencia del viceintendente Javier Pretto, el Concejo Deliberante de Córdoba llevó adelante este lunes la audiencia pública número 72, una instancia clave dentro del proceso legislativo para el tratamiento del Presupuesto Municipal 2026, el Código Tributario, la Ordenanza Tarifaria Anual, doce convenios urbanísticos y la delimitación de un Polígono de Acción Concertada en barrio Güemes. La jornada se desarrolló con modalidad mixta y contó con la participación de 37 oradores, entre exposiciones presenciales y virtuales.
Con la audiencia ya realizada, el cuerpo legislativo quedó formalmente habilitado para avanzar con la segunda lectura y la votación definitiva del paquete económico que sostiene el plan de gobierno municipal para el próximo año. El proyecto presentado por el Ejecutivo prevé ingresos y gastos por un total de 1,48 billones de pesos y destaca como uno de sus principales ejes el equilibrio fiscal, ya que no contempla déficit por primera vez en siete años. Además, incluye una reducción impositiva en distintos rubros, presentada como una medida de alivio para la actividad económica.
Durante la audiencia, representantes de diversos sectores económicos realizaron planteos específicos sobre el esquema tributario. Desde el Mercado Sud, locatarios y asesores legales reclamaron una corrección en el sistema de cobro del canon, al advertir que allí se tributa de manera individual, a diferencia del Mercado Norte, donde el pago es conjunto. En sus intervenciones señalaron que no se trata de grandes empresas, sino de emprendimientos familiares que se ven afectados por esa asimetría.
También expuso la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales, cuyos representantes explicaron que las droguerías cumplen un rol financiero clave entre laboratorios y farmacias, con márgenes de ganancia reducidos. En ese sentido, solicitaron que la carga impositiva no se aplique sobre la facturación total, sino sobre la rentabilidad efectiva del sector. Desde la Cámara de Comercio, en tanto, se valoró positivamente la rebaja del 30% en la tasa de Comercio e Industria, al considerar que puede mejorar la competitividad en un contexto económico complejo.
Los convenios urbanísticos concentraron buena parte del debate. Representantes de desarrollistas defendieron la herramienta como un mecanismo para ordenar el crecimiento de la ciudad, promover la densificación y consolidar áreas con infraestructura existente. También plantearon la necesidad de revisar tasas administrativas que, según indicaron, encarecen y dificultan la viabilidad de los proyectos.
Desde el Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial se destacó un cambio de enfoque respecto de gestiones anteriores. Señalaron que los convenios dejaron de ser una excepción orientada a expandir la mancha urbana y pasaron a utilizarse para consolidar sectores ya urbanizados y ocupar vacancias dentro del ejido de la ciudad.
Las voces vecinales y de organizaciones sociales aportaron una mirada crítica. En barrios como Villa Belgrano, Güemes, Rosedal, Jardín Espinosa y Cerro de las Rosas, se cuestionó la falta de planificación integral, la escasa participación ciudadana y el impacto de los desarrollos en la identidad barrial. Varios oradores coincidieron en que las decisiones suelen comunicarse de manera tardía, cuando los acuerdos ya están cerrados.
También se expresaron reclamos vinculados a infraestructura básica, como transporte urbano, cloacas, desagües, centros de castración animal y obras hidráulicas, especialmente en la zona sur de la ciudad. En ese marco, se advirtió que la densificación sin inversiones complementarias genera cuellos de botella y deteriora la calidad de vida.
Otros planteos apuntaron al recorte del Presupuesto Participativo Barrial, que pasó de un piso del 10% de la obra pública a un techo del 2,5%, lo que fue considerado un retroceso en términos de derechos ciudadanos. Además, se pidieron mayores niveles de transparencia sobre la emisión de deuda municipal, en particular la nominada en moneda extranjera, y se cuestionó la partida destinada a publicidad oficial, estimada en 15.000 millones de pesos.
