Lejos de ser un festejo unánime, el surgimiento de la Primera Junta encontró en Córdoba una férrea resistencia liderada por Santiago de Liniers. El conflicto derivó en una expedición militar, el fusilamiento de la elite local y una intervención política que marcó el inicio de una relación compleja entre «la Docta» y Buenos Aires.
A diferencia de la imagen festiva y sin disensos que suele presentarse de la Revolución de Mayo, el historiador Esteban Dómina explica que en 1810 la situación fue sumamente compleja en el extenso Virreinato del Río de la Plata. Al llegar la noticia de la destitución del virrey Cisneros mediante chasquis, la moneda quedó en el aire: no todos estaban dispuestos a acatar a una junta surgida en un «puntito en el mapa» como era Buenos Aires tras 200 años de dominio colonial.
En Córdoba, la elite local —compuesta por el gobernador, el obispo y el jefe de la guarnición— decidió no acatar la autoridad de la Junta y mantener su lealtad al rey de España. Un actor clave en este núcleo fue Santiago de Liniers, el héroe de las invasiones inglesas, quien vivía en la estancia de Alta Gracia y se sumó al rechazo. En ese clima de tensión, la única voz discordante a favor de la causa revolucionaria fue la de Gregorio el Deán Funes.
Ante el riesgo de que la rebelión cordobesa hiciera caer el movimiento, la Junta de Buenos Aires envió una expedición militar al mando de Ortiz de Ocampo con órdenes estrictas de sofocar la revuelta y fusilar a los cabecillas. Sin embargo, al capturar a figuras tan prominentes como Liniers y el gobernador, Ortiz de Ocampo dudó y decidió enviarlos engrillados hacia Buenos Aires.
Al enterarse de esta desobediencia, Mariano Moreno envió a los duros de la revolución, Juan José Castelli y Domingo French, para interceptar la caravana. La orden se cumplió en el Monte de los Papagayos, en el límite entre Córdoba y Buenos Aires, donde los líderes rebeldes fueron fusilados y sus cuerpos abandonados mientras el ejército seguía su marcha hacia el Alto Perú.
Tras la ejecución, Córdoba quedó virtualmente intervenida. Durante los siguientes cinco años, todos sus gobernadores fueron designados directamente desde Buenos Aires, ya que no existía plena confianza en la provincia. A pesar de que el pueblo cordobés se plegó con fervor a la causa de la independencia proveyendo hombres, armas y recursos para los ejércitos de Belgrano y San Martín, la relación con el poder central quedó marcada por la desconfianza.
Este episodio, según Dómina, inauguró una constante en la historia argentina: la tendencia de Córdoba a seguir su propio rumbo, marcando una identidad particular que persiste hasta la actualidad.
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