El centro de Córdoba fue escenario de una masiva movilización de sindicatos y gremios en rechazo a las posibles medidas de ajuste del gobierno local, que busca cubrir un déficit de la Caja de Jubilaciones que superó los 700.000 millones de pesos este año, debido principalmente al incumplimiento de la Nación en el envío de fondos compensatorios por ley.
La Caja de Jubilaciones de Córdoba presenta un déficit crónico, ya que los aportes de los empleados públicos no alcanzan para cubrir las jubilaciones de los jubilados públicos. Este desfasaje se ha vuelto crítico debido a que el gobierno nacional, desde la asunción de Milei, ha dejado de enviar la compensación que le corresponde a la provincia por mantener su caja no transferida a la Nación.
«El costo para la provincia de pagar las jubilaciones provinciales superó los 700.000 millones de pesos este año, una cifra con la que se podrían haber construido entre 20.000 y 25.000 viviendas en Córdoba» afirma Marco Galán, presidente de la Mutual Mugica.
Ante el incumplimiento de la ley por parte de la Nación, la provincia ha tenido que derivar dinero de rentas generales para cubrir el déficit, y se prevé que el desfasaje sea de casi 800.000 millones de pesos el próximo año. Para afrontar esta situación, el gobierno provincial está considerando dos medidas polémicas: establecer un tope para las jubilaciones que superen, por ejemplo, los 2.5 millones de pesos, pagando el excedente con un título de deuda que el jubilado podría vender en el mercado, y descontar un aporte extraordinario de hasta el 4% del sueldo a los empleados públicos activos.
Además de la crisis previsional, la jornada de movilización, que ocupó varias cuadras de la avenida Colón, incluyó el reclamo de los gremios en contra de la reforma laboral que el gobierno nacional está elaborando, la cual prevé jornadas de 12 horas y busca reducir las indemnizaciones, poniendo topes o creando un fondo que el propio trabajador aporte para pagarse su despido.
Finalmente, los movimientos populares se movilizaron para exigir que el 5% de las contrataciones que realiza el Estado provincial se destinen al sector de la economía solidaria y cooperativa, una política que, aunque está en las leyes, no se cumple, ni mucho menos exigible.
#Ahora. Comienza la concentración en 9 de Julio y Cañada para la Asamblea General y movilización para que Llaryora no confisque salarios a las y los trabajadores. pic.twitter.com/GNQd9ECj0C
— SUOEM CÓRDOBA (@suoemcordoba) December 9, 2025
