Este viernes se realizó en Córdoba la 12ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental, una movilización que ya se convirtió en una tradición de lucha y visibilización de los reclamos vinculados a los derechos de las personas con padecimientos mentales o discapacidades psicosociales.
Desde las 17 horas, una multitud de manifestantes partió desde la esquina de avenida Colón y Cañada, avanzando por el centro de la ciudad hasta llegar al Patio Olmos, donde se realizó el acto central. El clima fue de emoción, convicción y reclamo, con carteles, intervenciones artísticas y cánticos que exigieron al Estado una política integral, inclusiva y con presupuesto suficiente.
La marcha, que se lleva a cabo desde hace doce años consecutivos, fue impulsada por un colectivo diverso integrado por usuarios y usuarias de servicios de salud mental, familiares, profesionales, trabajadores del sector, organizaciones sociales, de derechos humanos y universidades. Todos coincidieron en la necesidad de terminar con el estigma, la exclusión y el abandono estatal.
La consigna de este año fue contundente: “No somos desechos, tenemos derechos”, una frase que sintetiza el reclamo por el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y el acceso efectivo a la atención de calidad.
Entre los principales puntos del documento leído frente al Patio Olmos, los manifestantes exigieron la plena implementación de las leyes Nacional y Provincial de Salud Mental, así como la correcta aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. También reclamaron un aumento del presupuesto destinado al área, y políticas públicas que garanticen vivienda, trabajo, educación y alimentación para todas las personas.
“No queremos más exclusión ni maltrato. Queremos que se escuche a quienes usamos los servicios de salud mental y se nos tenga en cuenta en las decisiones que afectan nuestras vidas”, expresó una de las oradoras durante el acto, en representación de los usuarios y usuarias de dispositivos de atención comunitaria.
Otra de las consignas centrales fue el pedido de cierre definitivo de los manicomios y su reemplazo por dispositivos de atención basados en la comunidad, tal como establece la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) sancionada en 2010. Según remarcaron los organizadores, el cumplimiento de esta norma aún está lejos de concretarse en la provincia.
Desde la organización de la marcha también denunciaron la precarización laboral de los trabajadores del sector, la falta de dispositivos de internación y atención ambulatoria suficientes y la ausencia de políticas de prevención y acompañamiento integral.
“En Córdoba siguen existiendo hospitales monovalentes que deberían estar cerrados o reconvertidos, y miles de personas siguen sin acceso a tratamientos adecuados”, sostuvo uno de los referentes del colectivo organizador.
El documento final concluyó con un llamado a las autoridades nacionales, provinciales y municipales a asumir el compromiso real con la salud mental como un derecho humano y no como una cuestión secundaria. “No se trata solo de atender crisis, sino de construir condiciones de vida dignas”, remarcaron.
Foto: La Nueva Mañana.
