Este miércoles 8 de abril, la ciudad de Córdoba será escenario de una movilización en defensa del agua y en rechazo a las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Glaciares de Argentina, una normativa considerada clave para la preservación de las principales reservas de agua dulce del país.
La convocatoria surge desde organizaciones sociales, ambientales y sectores de la comunidad científica, que advierten sobre los posibles impactos negativos de una reforma que, según sostienen, podría implicar un retroceso en materia ambiental. Desde la organización de la marcha señalaron que “cualquier modificación regresiva de la ley habilitaría actividades extractivas y contaminantes en zonas actualmente protegidas”, con consecuencias directas sobre las cuencas hídricas y los ecosistemas de alta montaña.
Uno de los principales cuestionamientos también apunta al proceso legislativo en curso. Según denunciaron, durante la audiencia pública realizada en el Congreso miles de personas no pudieron participar. En ese sentido, indicaron que más de 9.000 cordobeses inscriptos quedaron sin posibilidad de expresar su postura, lo que consideran una vulneración del derecho a la participación ciudadana en decisiones de alto impacto ambiental.
La movilización, además de expresar el rechazo al proyecto, se plantea como un espacio para recuperar esas voces. La jornada contará con intervenciones artísticas, micrófono abierto y diversas actividades destinadas a visibilizar el conflicto y reforzar el reclamo en defensa del agua y los territorios.
Desde distintos sectores remarcan que los glaciares cumplen un rol estratégico mucho más allá de su valor paisajístico. Son reservas fundamentales de agua dulce y reguladores climáticos, por lo que cualquier cambio en su protección legal podría comprometer el suministro hídrico de amplias regiones del país.
Especialistas advierten que una eventual modificación de la ley —considerada pionera a nivel mundial— podría poner en riesgo el acceso al agua potable para más de siete millones de personas. Entre los posibles efectos se mencionan la pérdida de reservas hídricas, la mayor vulnerabilidad frente a sequías prolongadas, la alteración de los caudales de los ríos y una menor resiliencia en regiones que ya atraviesan crisis de agua.
En el plano legislativo, el debate avanzó en febrero de 2026, cuando el Senado de la Nación Argentina otorgó media sanción al proyecto que modifica el alcance de las áreas protegidas. La iniciativa redefine los criterios de protección, limitándolos a glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva” en la recarga de cuencas.
Además, el proyecto propone transferir a las provincias la facultad de determinar qué glaciares deben ser protegidos y en cuáles podrían habilitarse actividades extractivas. Actualmente, esa responsabilidad recae en el IANIGLA, organismo técnico especializado en la materia.
Para los sectores críticos, este cambio podría dejar la protección de los glaciares sujeta a intereses económicos o coyunturas políticas provinciales, en detrimento de criterios científicos y ambientales.
En este contexto, el Congreso continuará el tratamiento del proyecto con un plenario de comisiones, donde se buscará avanzar hacia un dictamen. La intención del oficialismo es llevar la iniciativa al recinto en los próximos días.
Mientras tanto, en Córdoba y en distintos puntos del país, la movilización busca instalar el debate en la agenda pública y reforzar el reclamo por la defensa de los recursos hídricos, en un escenario donde el acceso al agua se vuelve cada vez más estratégico.
