El pasado 4 de agosto, la Auditoría de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) realizó una inspección a la Unidad 1 de Olmos en donde se constataron una serie de irregularidades en el funcionamiento del penal, entre ellas la venta de droga y comercialización de pabellones y celdas, y permisos para trabar y estudiar. Tras la inspección, la directora de la Auditoria Paula Nápoli recibió amenazas de muerte.
Esta mañana, una semana después del operativo en la cárcel de Olmos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires desplazó de sus cargos a los oficiales que integraban la Jefatura de la unidad penal.
En los meses anteriores, muchos actos de corrupción habían sido denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y por las personas detenidas. Esas denuncias previas forman parte de sumarios administrativos que se iniciaron para investigar estos hechos y que desencadenaron con la remoción de la cúpula de oficiales.
A principio año, mediante nota N° 1876, la CPM había puesto en conocimiento a la auditoría de una denuncia por la venta de pabellones en el piso tercero y cuarto de la Unidad de Olmos: “Los referentes se están por ir en libertad y al saberlo el pastor les pide la renovación de la compra de dicho pabellón por 50 mil pesos. De esta manera, y desde hace más de 8 meses, debemos pagar $100 cada uno, por semana. Nos dice que si quieren seguir estando tranquilos hay que pagar esa suma”, describía una de las personas detenidas en la denuncia que recibió la CPM.
En esas mismas fechas, también denunciaban la venta de costillares para las fiestas por valores de entre $4.000 y $5.000, que podían abonar en cuentas de mercadopago o Ualá: “Y esa es la carne que los mismos jefes les dan para vender a porcentaje, como así también pollos, verduras, quesos, que serían los alimentos que deberían suministrarnos”, agregaban.
La trama de corrupción penitenciaria que se hizo pública ahora no es exclusividad de la cárcel de Olmos, en esa misma nota a la Auditoría de Asuntos Internos del SPB, la CPM describía otros hechos denunciados por las personas privadas de libertad que estaban alojadas en las unidades 39 de Ituzaingó, 41 de Campana y 24 y 31 de Florencio Varela.
De hecho, por otra denuncia penal realizada por la Auditoría a partir de información aportada por la CPM, la justicia está investigando hechos similares de corrupción en las unidades del complejo penitenciario de Florencio Varela. En el marco de ese expediente, hubo un allanamiento judicial en donde se secuestraron estupefacientes, teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos.
Al igual que en Olmos, las principales denuncias son por la venta de pabellones y colchones o el pedido irregular de otros elementos; operaciones que ocurren siempre, según lo cuentan las personas detenidas, con la anuencia o incluso administración de las autoridades penitenciarias. Peor aún, ante la imposibilidad de abonar esas sumas ilegales, los detenidos suelen ser víctimas de amenazas y castigos físicos.
En la nota N° 1876 se mencionaba que en la Unidad 24, los pabellones involucrados en estas tarifas ilegales serían desde el 1 al 7, y la suma exigida alrededor de 30 mil pesos. Sobre esa misma cárcel, en abril de este año, la CPM recibió otra denuncia en ese caso sobre la venta de colchones: “Yo no tengo cómo pagar, me hicieron problema el sexto día por este motivo y me desalojaron del pabellón y sin mis cosas”.
En otra nota remitida a la Auditoría en abril, sobre la Unidad 42, el familiar de un detenido denunciaba: “Querían obligarlo a que lleve pintura, cargas de crédito, le sacan la mercadería que uno apenas puede enviar, en fin hasta la ropa electrodomésticos, zapatillas, nada les dejan. Y el que no lo hace lo echan y no lo dejan subir a ningún lado, a él por no responder a eso, porque no tenemos, lo mandaron a buzones”.
Además de la denuncia penal por los hechos de corrupción en el complejo penitenciario de Florencio Varela, la CPM interviene en otras denuncias que investigan hechos similares en las cárceles de Urdampilleta y Magdalena.
“Lo de Olmos y el resto de las denuncias exhiben una trama sistémica de extorsión, hostigamiento, torturas y/o malos tratos, ejecutados o promovidos por los funcionarios penitenciarios, que agravan aún más la situación en que se encuentran las personas privadas de la libertad”, señalan desde el Programa de Control de corrupción e inteligencia ilegal de la CPM.
En el caso del complejo de penitenciario de Florencio Varela, según datos de agosto, las unidades 24, 31 y 42 de Florencio Varela tienen niveles de sobrepoblación del 163%, 252% y 328%, respectivamente. “Estas extorsiones ocurren en ese contexto de hacinamiento y sobrepoblación, y se aprovechan de esa situación de enorme vulnerabilidad y angustia de las personas detenidas y sus familias que, con tal de mejorar en lo más mínimo las inhumanas condiciones de detención y no ser trasladadas a cárceles alejadas de sus familias, son víctimas de este esquema de recaudación ilegal que debe erradicarse”, agregan desde la CPM.
Fuente: ANRED