La Municipalidad de Cosquín atraviesa uno de los momentos financieros más críticos de su historia. Una resolución judicial podría llevarla a la quiebra debido a un juicio iniciado por un préstamo otorgado en el año 2001 a empleados municipales. El intendente Raúl Cardinali explicó que el proceso se originó hace veinticuatro años, cuando el municipio se hizo “solidariamente responsable” de un crédito por 600 mil dólares, destinado a los trabajadores, pero el dinero nunca llegó a la financiera que debía recibir los pagos.
Con el paso de los años, la empresa crediticia quebró y el juicio fue adquirido por un grupo inversor que hoy reclama más de seis millones de dólares, una cifra que incluye intereses y actualizaciones acumuladas durante más de dos décadas. La situación se complicó aún más cuando el abogado Ariel Díaz Yofre, representante de la financiera original, presentó una segunda demanda para cobrar honorarios profesionales por un monto que ronda los 1.100 millones de pesos.
El Juzgado de Primera Instancia de Córdoba Capital ordenó el embargo del 33% de la coparticipación provincial que recibe Cosquín, una medida que, según Cardinali, podría paralizar la administración municipal y afectar gravemente la prestación de servicios básicos. “Tenemos que darle las llaves al juez y a los abogados para que gobiernen ellos, porque la ciudadanía de Cosquín por los próximos 20 años va a tener que penarla mucho”, expresó el intendente con preocupación.
El origen del conflicto se remonta a la gestión del entonces intendente Andrés Bustos, cuando el municipio actuó como garante de préstamos personales que una financiera otorgó a empleados municipales. La operación preveía que los montos se descontaran mensualmente de los salarios y se giraran a la empresa crediticia, pero, según los registros, esos pagos nunca se realizaron. Al quebrar la financiera, el caso quedó judicializado y pasó a manos de un fondo fiduciario que compró el juicio y ahora exige el cobro completo de la deuda original con sus intereses.
Cardinali señaló que la deuda inicial era de 660 mil dólares, pero con los intereses acumulados y los costos legales, la cifra trepó a más de seis millones. “Hoy tenemos un cálculo de intereses que no entendemos y que multiplica por diez una obligación que nunca debió haber existido”, afirmó el jefe comunal.
El Concejo Deliberante de Cosquín declaró recientemente la emergencia económica, una medida que exime al municipio de pagar de inmediato la suma reclamada, aunque no resuelve el fondo del conflicto. Los representantes legales del municipio ya realizaron una presentación para frenar el embargo y anticiparon que apelarán la decisión judicial.
La crisis financiera que enfrenta la ciudad del Valle de Punilla se agrava en un contexto económico nacional complejo, con altos niveles de inflación y caída de la recaudación. Como muchos municipios de la provincia, Cosquín venía afrontando dificultades para cubrir gastos corrientes, pagar salarios y sostener la infraestructura local. Ante este escenario, la posibilidad de perder un tercio de sus ingresos por coparticipación representa un golpe devastador.
El intendente reiteró que la prioridad será defender los recursos de la comunidad y evitar que el fallo judicial afecte los servicios esenciales. “Si se ejecuta este embargo, el municipio quedaría prácticamente paralizado. No podríamos sostener el pago a proveedores ni garantizar el funcionamiento de áreas clave como salud, limpieza o desarrollo social”, advirtió Cardinali en declaraciones a medios locales.
