La Universidad Católica Argentina (UCA) lanzó una advertencia contundente: los ingresos de las familias ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas en el actual contexto económico del país. El diagnóstico, presentado por Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, describe un escenario de fuerte contracción del consumo, incremento de gastos fijos y un creciente “estrés económico” en los hogares.
Salvia explicó que la crisis que atravesó la Argentina entre finales de 2023 y principios de 2024 se profundizó por medidas que calificó como “autoimpuestas” para estabilizar la macroeconomía. Según el especialista, estas políticas no solo impactaron en la actividad económica sino que golpearon con fuerza el poder adquisitivo de la población. “Tuvimos una crisis muy fuerte, producto de políticas que algunos consideran autoimpuestas para lograr una estabilización macroeconómica”, afirmó.
Uno de los puntos más preocupantes que destacó el informe es que, aunque la inflación ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses, esta reducción no se debe a un plan económico “virtuoso” o expansivo, sino a la retracción de la demanda. “No hay masa monetaria que refuerce la demanda, y las políticas de ajuste redujeron el consumo, lo que a su vez bajó los precios”, señaló Salvia, remarcando que esta dinámica no representa una mejora real en la calidad de vida.
El incremento de los gastos fijos es otro de los factores que agravan la situación. El encarecimiento de combustibles, transporte, gas, luz, agua y comunicaciones ha elevado considerablemente el costo mensual de los hogares, erosionando los ingresos corrientes y limitando el margen para compras esenciales como alimentos, vestimenta o artículos de uso doméstico. Esta presión económica obliga a muchas familias a priorizar el pago de servicios por sobre el consumo básico, generando un deterioro en su calidad de vida.
Salvia advirtió que si continúa la política de contracción monetaria y extracción de pesos del mercado, el escenario podría empeorar aún más en los próximos meses. “Se profundizará el ajuste: habrá menor consumo, caída en las ventas de combustibles, más endeudamiento para cubrir alimentos y mayores moratorias en tarjetas de crédito”, alertó.
El impacto ya se refleja en los hábitos de compra de la población. Un estudio reciente reveló que el 46% de las compras de alimentos en supermercados se realiza con tarjeta de crédito, lo que muestra no solo la dependencia del financiamiento para cubrir gastos esenciales, sino también el riesgo de un endeudamiento insostenible para millones de familias.
En paralelo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también emitió un informe en el que advierte sobre la elevada presión tributaria en la Argentina y el riesgo de un mayor deterioro social. Según el organismo, la ausencia de una mayoría legislativa sólida y la “potencial fatiga social” podrían obstaculizar la implementación de reformas estructurales. Además, el BID alertó sobre la vulnerabilidad de la economía nacional frente a posibles shocks externos que impacten en el comercio, las finanzas y la inversión privada.
En este contexto, el desafío para la política económica es doble: estabilizar las variables macroeconómicas sin profundizar la crisis social. Mientras tanto, las familias argentinas enfrentan el día a día con ingresos que pierden poder de compra frente a una estructura de gastos en constante aumento.
El informe de la UCA deja en claro que la baja de la inflación, si no está acompañada por una recuperación del consumo y de los ingresos, difícilmente se traduzca en una mejora tangible para la población.
