Marco Galán, referente de la Mutual Carlos Mugica, cuestiona los proyectos que buscan prohibir la actividad de naranjitas y limpiavidrios. Propone, en cambio, fortalecer el sistema de cooperativas que ya regula a cientos de trabajadores en Córdoba como una respuesta a la exclusión y la inseguridad.
En el marco del debate por la reforma del Código de Convivencia en Córdoba, diversas organizaciones sociales y religiosas han manifestado su preocupación por el enfoque de algunos proyectos legislativos que, según denuncian, buscan criminalizar la pobreza. El foco del conflicto se centra en el artículo 60, donde se proponen penas y multas para actividades no reguladas de limpiavidrios y cuidacoches.
Marco Galán señaló que existe una tendencia en un sector de la dirigencia política a utilizar a estos trabajadores como un «chivo expiatorio» de los males sociales, buscando empatizar con un sector de la sociedad enojado por la inseguridad. Según Galán, el debate de fondo es si estas actividades se consideran un trabajo o no, defendiendo que cumplen una función social y ayudan a regular espacios públicos de alta demanda.
«Actualmente, la ciudad de Córdoba cuenta con un marco normativo (Ordenanza 10.425) desde el año 2001 que reconoce esta tarea como un trabajo. Según relevamientos de las organizaciones, existen unas siete cooperativas activas que agrupan a más de 600 personas autorizadas por el municipio, quienes trabajan con chalecos, credenciales y tarifas reguladas» afirma el referente de la Mutual Mugica.
La Iglesia Católica, a través de la Vicaría de los Pobres y la Pastoral Social, también ha intervenido en el conflicto. Tras un documento emitido por el Cardenal Rossi a fines de diciembre, se constituyó una mesa de diálogo para frenar lo que consideraron un atropello institucional. Galán citó un mensaje del Papa Francisco para ilustrar la gravedad de la situación: “cuando retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”, refiriéndose a que la exclusión de estos trabajadores puede empujarlos hacia el narcotráfico o la delincuencia.
Finalmente, la propuesta de las organizaciones sociales no es la prohibición, sino la ampliación y el perfeccionamiento del sistema cooperativo. Galán insta al municipio a identificar nuevas zonas para el estacionamiento medido gestionado por cooperativas, lo que permitiría regularizar a quienes hoy trabajan sin permiso, brindando mayor seguridad y orden tanto a los trabajadores como a los vecinos.
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