Los abogados que representan a la pareja que fue violentada por efectivos de la Policía de Córdoba durante un fallido operativo en el Hotel Ruta presentarán en los próximos días denuncias penales y civiles contra los uniformados involucrados, el Gobierno provincial, el propietario del alojamiento y el conserje que los habría señalado erróneamente como sospechosos de un asalto. Según adelantaron, la presentación judicial buscará determinar responsabilidades por lo que describen como un procedimiento violento, arbitrario y humillante, que dejó a las víctimas con secuelas físicas y emocionales.
“Estos chicos están impactados a tal nivel que se sienten vulnerables al punto de tener miedo de la propia Policía, que es quien debe protegerlos”, afirmó la abogada María de los Ángeles Oviedo Ávalos, una de las representantes legales del caso. La letrada explicó que el accionar policial vulneró derechos básicos y se ejecutó sin fundamentos ni órdenes judiciales válidas, lo que, a su criterio, agrava la situación y configura un caso de abuso institucional.
El episodio ocurrió días atrás, cuando la pareja se alojaba en el Hotel Ruta, ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba. Según el testimonio de las víctimas, fueron sorprendidos en plena madrugada por un grupo de efectivos policiales armados que irrumpieron en la habitación, los obligaron a tirarse al piso y revisaron todas sus pertenencias en medio de gritos, empujones y burlas. Los agentes alegaban que respondían a una denuncia anónima por robo, pero finalmente no encontraron ningún arma ni elementos incriminatorios.
La pareja denunció que, además de las agresiones físicas y psicológicas, los uniformados destrozaron su vehículo particular durante la requisa, generando daños materiales importantes. Tras el operativo, no hubo detenciones ni imputaciones formales, y la Policía no ofreció una explicación clara sobre el error en la intervención.
El equipo legal, encabezado por Oviedo Ávalos y el abogado Cristian Ambrosio, adelantó que las acciones judiciales incluirán una demanda civil contra el Gobierno provincial, el dueño del hotel y el conserje, al que acusan de haber brindado información falsa o apresurada sobre los huéspedes. En paralelo, impulsarán una denuncia penal contra los efectivos que participaron del operativo, a quienes acusan de “vejaciones, amenazas, daño a la propiedad y lesiones leves”.
“Se han violado todos los protocolos, ha habido amenazas, daños y un profundo daño psicológico. No puede naturalizarse que una patrulla irrumpe en una habitación de hotel y humille a personas inocentes sin orden judicial. Es una práctica peligrosa que debe ser sancionada”, expresó Ambrosio. El abogado también señaló que el hecho “refleja una problemática más amplia” relacionada con el uso desmedido de la fuerza y la falta de controles internos en las fuerzas de seguridad provinciales.
Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba defendieron la actuación policial y sostuvieron que el procedimiento fue “correcto y ajustado a los protocolos vigentes”. Según trascendió, los agentes argumentaron que actuaron ante una alerta emitida por un supuesto robo en la zona y que el ingreso al hotel fue autorizado por personal del establecimiento.
Sin embargo, los abogados de las víctimas sostienen que esa versión no se corresponde con los hechos y que existió una clara extralimitación de funciones, ya que no se trataba de una situación de urgencia ni había elementos que justificaran el uso de la fuerza. También reclamaron que se preserve la integridad de las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, que podrían ser prueba clave en la investigación judicial.
El caso, que ya generó repercusión pública, será elevado a la Fiscalía de Violencia Institucional, donde se determinará si corresponde imputar a los efectivos involucrados.
