En diálogo con Radio Comunitaria La Ranchada, Mabel Sessa, abogada, copresidenta de la APDH Regional Córdoba e integrante de la guardia jurídica de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, explicó que la denuncia apunta al director nacional del PAMI y al director provincial de Córdoba por “desobediencia, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación y estafa procesal”.
“En diciembre de 2024 interpusimos una acción de amparo colectivo a fin de que no se aplicaran resoluciones del PAMI que imponían numerosos requisitos y trabas burocráticas para mantener la cobertura del 100% de los medicamentos. Eso impidió que muchos jubilados accedieran a su medicación”, relató Sessa.
Según explicó, el reclamo fue incorporado a un amparo colectivo tramitado en Mendoza, junto a otras jurisdicciones como Córdoba, Salta, Tucumán, Buenos Aires, CABA y Bahía Blanca. El Juzgado Federal de Mendoza dispuso una medida cautelar en distintas fechas —en Córdoba, el 16 de mayo de 2025— que ordenaba al PAMI restablecer el sistema anterior del plan “Mejor Vivir”. “El PAMI presenta escritos diciendo que va a cumplir, pero nunca lo hace. El juez ya le aplicó multas por incumplimiento, pero tampoco las cumple. Mientras tanto, nuestros jubilados no tienen la medicación”, denunció la abogada.
Frente a esta situación, los organismos presentaron una denuncia penal ante una fiscalía federal de Córdoba. Sessa explicó que están a la espera de su admisión: “La presentación la hicimos la semana pasada. Hemos acompañado documentación de todos los procesos del amparo donde se demuestra que no se cumplió la medida cautelar”.
La dirigente también expresó su indignación por el rol del titular del PAMI Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, quien actualmente es candidato a diputado por La Libertad Avanza. “Representar a los ciudadanos sin cumplir las órdenes judiciales y quitándole los medicamentos a los jubilados y jubiladas no sería muy ético desde el punto de vista de un funcionario público”, sostuvo.
Finalmente, Sessa advirtió que la situación afecta también a personas con discapacidad y destacó la gravedad del impacto humano: “Llegan a donde está el grupo más vulnerable. Los jueces remarcan la hiper vulnerabilidad de las personas alcanzadas por el amparo. Desde diciembre hasta hoy, ¿cuántos abuelos quedaron en el camino, cuántos fallecieron por no poder tomar sus medicamentos? No podemos obviar que esto tiene consecuencias reales”.
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