En el mes de octubre del 2021, se dio a conocer que diferentes entidades se encontraban preocupadas por algunas irregularidades que se observaban en los proceso de licitación que estaba llevando acabo la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec-el ente encargado de la alimentación de los presos en el país-. Por lo que la Contraloría General, el Ministerio de Justicia y la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común señalaron que estarían pendientes de todos los procesos del Uspec, para evitar cualquier inconveniente.
Hora pasados tan solo unos meses, la Revista Semana dio a conocer que luego de varios meses de aplazar el cronograma, este jueves 2 de diciembre la Uspec dará a conocer la licitación de alimentos de las cárceles por un valor que supera los 380.000 millones de pesos. Sin embargo, la Red Nacional de Veedurías un vez más advierte que continúan unas presuntas irregularidades en la licitación ante los entes de control y la Superintendencia de Industria y Comercio.
En este sentido señaló que observando la nueva licitación se puede concluir que: nueve de las 19 ofertas presentadas, equivaliendo al 47% del total de ofertas del proceso en mención solo se estarían presentando a un solo grupo; siete de los 17 grupos especificados en los pliegos de condiciones, equivaliendo al 41% del proceso de contratación, no tendrían competencia; tres de las 19 ofertas, que equivalen al 16% del total del número de ofertas presentadas en el proceso en mención, no presentarían ningún tipo de competencia en los grupos ofertados. Además, el 63% de los oferentes han mantenido en cierta forma alguna relación entre sus comisionistas de seguros facilitado los canales para conocer sus posturas de oferta por grupo, integración de participantes en la oferta y posiblemente conocimiento de condiciones de oferta de los criterios de evaluación.
Por otro lado, la Red menciona que hay irregularidades en el diseño de los pliegos de condiciones y en los criterios de evaluación que deben cumplir los oferentes interesados, como por ejemplo, Imposibilidad de acceder al proceso de contratación si no se tiene experiencia en servicios de alimentación en cárceles, obligación de ofertar planta de producción de alimentos en ciudades o grupos donde el beneficio lo tiene el contratista que en la actualidad se encuentra operando y Otorgamiento (por primera vez) de anticipo equivalente al 15% del presupuesto del grupo adjudicado.
Recordemos que el pasado 28 de marzo, el portal periodístico Pacifista dio a conocer el contenido de un informe del Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario (Inpec), donde la misma entidad señalaba inconsistencias y fallas en la alimentación de los reclusos en Colombia.
De acuerdo con el portal, que tuvo acceso al documento, el cual fue firmado por Martha Isabel Gómez Mahecha, subdirectora de Atención en Salud de esa entidad, el 24 de febrero de este año, se evidenciaría que, “el 80 % de los establecimientos reportan problemas con la calidad de la materia prima usada para la preparación de los alimentos”.
Así mismo, el Inpec, en esa oportunidad, puso la mira en 41 centros penitenciarios y carcelarios donde hubo hallazgos sobre mala calidad en alimentos y con los que son alimentados los reclusos.
Además, demostró el incumplimiento de los operadores a los documentos técnicos de la Bolsa Mercantil de Colombia, sistema encargado de los contratos de las empresas.
“No se cumple con las características organolépticas de los alimentos suministrados”, se puede leer en el documento sobre la situación de La Picota en Bogotá. Esto traduce que la comida no es agradable a los sentidos y además, no cumple con los gramajes mínimos establecidos por la ley.
(Fuente: Infobae)