Martín Passini, integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, explicó que la situación se agravó en los últimos meses pese a que la ley ya fue aprobada por el Congreso. «Se logró que la ley se promulgue, que no se vete y que el Congreso insistiera en su aprobación, pero el gobierno terminó reglamentándola sin disponer el presupuesto necesario para ejecutarla», señaló.
Según detalló, la normativa establecía recursos para sostener pensiones, prestaciones y también para asistir a instituciones que atraviesan graves problemas financieros. «La reglamentación avanzó en algunos procedimientos, pero dejó sin reglamentar los artículos que hablan de disponer del presupuesto para ejecutar la ley», explicó.
Passini también cuestionó la decisión del Gobierno nacional de auditar las pensiones por discapacidad antes de aplicar el nuevo sistema previsto por la ley. «La ley decía que quienes ya recibían una pensión pasaban directamente a la nueva pensión. El gobierno ahora está haciendo auditorías para decidir quiénes continúan», indicó. Para el referente del sector, esa medida contradice lo aprobado por el Congreso y genera incertidumbre entre las personas con discapacidad.
Uno de los puntos más críticos, según denuncian las organizaciones, es la falta de pago de prestaciones desde fines del año pasado. «Desde diciembre dejaron de pagar las prestaciones de afiliados de PAMI y del programa Incluir Salud», explicó Passini. Este último programa brinda cobertura médica y terapéutica a personas con discapacidad que perciben pensiones y no cuentan con otra obra social. «Son los más excluidos de los excluidos del sistema», afirmó.
La falta de pagos impacta directamente en instituciones, profesionales y trabajadores del sector. «Las instituciones y los prestadores dejaron de cobrar desde diciembre por las prestaciones que brindan», señaló.
Passini advirtió que la situación amenaza con desarticular el sistema de atención que garantiza tratamientos y acompañamiento para personas con discapacidad. «El sistema no es perfecto, pero tiene algo muy importante: permite que una persona con discapacidad acceda a prestaciones similares sin importar si nació en un barrio privado o en un barrio popular», explicó.
Según indicó, el debilitamiento del financiamiento podría generar una fuerte desigualdad en el acceso a los tratamientos. «Quienes puedan pagar servicios privados van a seguir accediendo, pero quienes no puedan hacerlo van a quedar como personas con discapacidad de segunda categoría», alertó.
El referente también señaló que muchas instituciones vienen atravesando dificultades desde hace tiempo. «Los centros se achican, despiden trabajadores o directamente cierran porque ya no pueden sostenerse», afirmó.
Ante este escenario, organizaciones de todo el país comenzaron nuevas medidas de protesta. «Hoy muchas instituciones no están abriendo y la semana que viene habrá cese de actividades el 13, 18 y 19 de marzo, además de movilizaciones en distintas plazas del país», informó.
Para Passini, la situación refleja un deterioro profundo del sistema de atención. «Lo que estamos viviendo es el colapso del sistema de atención a las personas con discapacidad tal como lo conocíamos», concluyó.
Escuchá la nota completa con Martín Passini acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
