“El Comité Nacional es un organismo legal que surge a partir del protocolo internacional contra la tortura, que Argentina firmó”, explicó León Barreto. “Está compuesto por representantes del Estado y de organizaciones civiles, con autonomía financiera y directiva. Su rol es ejercer control y aplicar medidas para prevenir la tortura”, indicó.
En Córdoba, la situación es particularmente delicada. La provincia aún no cuenta con un mecanismo local de prevención de la tortura, algo que el Comité viene señalando desde hace años. “Eso está claramente resaltado en el informe. Todavía quedan seis provincias sin mecanismos locales. Para nosotros es fundamental que la Comisión venga y haga inspecciones en los lugares de encierro”, subrayó la especialista.
Una de las principales denuncias del informe se refiere al uso sistemático de medidas de sujeción en instituciones de salud mental. “Se aplican sanciones informales que implican trasladar a personas a la enfermería y luego someterlas a sujeciones con cadenas o bandas de tela, inmovilizándolas por días, sin agua, comida ni acceso a un baño. Esto, a esta altura, constituye tortura”, denunció León Barreto.
El informe no solo realiza observaciones, sino que también incluye recomendaciones que fueron entregadas a autoridades de los tres poderes del Estado provincial. “No pueden decir que no sabían. El informe fue presentado al gobernador, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público Fiscal y a otras instancias”, aseguró la trabajadora social.
Además, desde la Red de Derechos Humanos reclaman el derecho a realizar visitas en lugares de detención sin obstáculos. “Nosotros integramos la red con familiares, personas que han vivido estas situaciones. Tener la posibilidad oficial de hacer visitas e informes públicos sería clave”, sostuvo.
El informe también subraya la falta de capacitación en fuerzas de seguridad y personal del sistema de salud. “El problema no es que una persona tenga un pico psicótico. El problema es que el personal no está preparado para actuar en esas condiciones”, remarcó León Barreto. “La violencia institucional muchas veces se explica por la falta de formación. No se puede mandar a alguien con armas no letales sin que sepa cómo usarlas”.
Antes de despedirse, León Barreto anticipó que la Red de Derechos Humanos organizará en las próximas semanas una presentación pública del informe, probablemente en el Museo de Antropología de la UNC. “Queremos difundir lo que dice el informe y abrir el diálogo con otras organizaciones e instituciones interesadas en el tema”, concluyó.
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