En una conferencia de prensa convocada por la Pastoral Social, referentes sociales y el arzobispo Ángel Rossi denunciaron que el proyecto de ley nacional de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» amenaza los procesos de integración urbana y deja desprotegidas a miles de familias frente a posibles desalojos.
Durante el encuentro, que contó con la presencia de medios locales y organizaciones sociales, se expresó una profunda preocupación por las modificaciones legales que pretenden desarmar instrumentos estructurales de la actual Ley de Integración Socio Urbana. El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, destacó que el concepto de «hogar» va más allá de lo material, siendo un lugar de pertenencia y seguridad indispensable para la dignidad humana, y criticó la «cruel injusticia de la marginación urbana» y el acaparamiento de tierras.
Impacto en cifras y derechos fundamentales Representantes de la Mesa de Trabajo de Barrios Populares señalaron que en la provincia de Córdoba existen 318 barrios populares, de los cuales 170 se encuentran en la capital; el 75% de estos asentamientos tiene más de 20 años de antigüedad. La mayor alarma reside en tres puntos clave del nuevo proyecto de ley:
- La eliminación de la declaración de utilidad pública y expropiación, lo que quita al Estado la capacidad de intervenir para urbanizar y brindar servicios básicos.
- El fin de la suspensión de los desalojos, una medida que actualmente protege a las familias por 8 años y cuya eliminación genera una gran incertidumbre.
- La quita de participación de la economía popular en las obras de infraestructura de los mismos barrios.
Un retroceso en la integración social Vecinos de sectores como el Barrio 12 de Septiembre compartieron su testimonio sobre cómo la lucha colectiva permitió transformar terrenos inseguros en comunidades con calles, luz, polideportivos y plazas. Sin embargo, advirtieron que hoy enfrentan un «claro retroceso en materia de derechos humanos». Actualmente, se reportan 671 obras paralizadas a nivel nacional y existen 150 procesos de desalojo activos que afectan a más de 4.500 familias en todo el país, de los cuales 24 corresponden a Córdoba. Las organizaciones hicieron un llamado urgente a visibilizar esta problemática para defender el derecho a una vivienda digna y la paz social en los sectores más vulnerables.
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