Después de más de tres semanas de angustia, dolor e incertidumbre, este lunes comenzaron finalmente los trabajos de demolición controlada del muro del edificio María Reina V, ubicado sobre Bv. San Juan, en pleno centro de Córdoba. El operativo se lleva a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, con la cuadra completamente cerrada al tránsito peatonal y vehicular, y con la participación de grúas en altura y operarios especializados de la empresa Brasca Demoliciones, contratada para ejecutar la tarea.
La habilitación municipal llegó el viernes último, tras cumplirse las exigencias técnicas impuestas por la fiscalía a cargo de la investigación, encabezada por la fiscal Celeste Blasco. La causa se encuentra caratulada como “estrago culposo calificado”, y busca determinar si hubo responsabilidad penal en el colapso ocurrido la noche del 17 de mayo, que dejó un saldo trágico: una persona fallecida, siete heridas y un número aún no cuantificado de daños materiales y psicológicos para los vecinos del edificio y la zona.
La jornada comenzó con la remoción del vehículo que permanecía atrapado entre los escombros desde la noche del siniestro. Su dueño, Lucas, visiblemente afectado, expresó a los medios su alivio: “La mínima felicidad es por lo menos cortar con la incertidumbre… todos acá lo que más nos preocupa es eso: no saber cuándo terminaba todo esto si ni siquiera habían empezado”.
Una vez retirado el rodado, se iniciaron estudios técnicos preliminares para proceder con la remoción manual de los dos tramos del revestimiento de la fachada que aún representan un riesgo estructural. Las tareas demandarán entre 15 y 30 días, período durante el cual no solo seguirá cerrado el tránsito, sino que los residentes del lateral afectado deberán evacuar temporalmente sus viviendas para garantizar su seguridad.
El consorcio del edificio asumió la responsabilidad económica de la obra, cuyo costo asciende a unos 300 millones de pesos, según estimaciones. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue sin responderse: ¿pudo haberse evitado la tragedia?
Vecinos y organizaciones de defensa del derecho a la vivienda reclaman una revisión profunda del modelo de mantenimiento edilicio en la ciudad, que suele recaer en consorcios sin supervisión pública efectiva, con graves consecuencias cuando se combinan negligencia, falta de controles y la lógica del ahorro por sobre la seguridad. En este caso, el colapso de una parte del muro dejó en evidencia no solo las fallas en el mantenimiento edilicio, sino también las demoras estructurales del Estado en garantizar respuestas rápidas y eficaces frente a situaciones que comprometen vidas humanas.
Desde una perspectiva de comunicación comunitaria, este episodio pone en el centro la urgencia de abordar el derecho a una vivienda segura como parte inseparable del derecho a la ciudad. Las demoliciones, evacuaciones forzadas y daños emocionales que viven los vecinos del María Reina V son el correlato de un modelo urbano que muchas veces relega la seguridad estructural y el bienestar comunitario al último plano.
Mientras la fiscalía avanza en la investigación y se intenta cerrar uno de los capítulos más dolorosos para quienes habitan la zona, la comunidad cordobesa enfrenta otra vez las consecuencias de una política urbana que, sin control ni planificación, pone en riesgo la vida de las personas. La reconstrucción deberá ser también institucional: con más controles, más participación vecinal y más prioridad para lo colectivo por sobre lo especulativo.
