Diez oficiales del servicio penitenciario fueron imputadas y detenidas por el delito de severidades y apremios ilegales tras la golpiza a un interna trans. La evidencia, considerada contundente, fue crucial para una rápida acción institucional, permitiendo las imputaciones y detenciones en menos de cuatro horas desde que se tomó conocimiento del hecho.
La justicia ordenó la imputación y detención de diez miembros del personal femenino del servicio penitenciario. A pesar de que la investigación es calificada como muy incipiente, se actuó con gran agilidad institucional. El Servicio Penitenciario de Córdoba aportó las pruebas que fueron consideradas suficientes y concluyentes para que se iniciara la investigación. Las cámaras existentes en el establecimiento resultaron ser dirimentes para posibilitar la decisión de imputación y detención de estas personas.
La interna trans víctima de la golpiza se encuentra en buen estado de salud, tras haber sido revisada por el médico forense, aunque se ordenó que reciba toda la atención médica que corresponda. Desde el Ministerio de Justicia de la provincia, la postura es clara: apoyar a los buenos empleados penitenciarios y garantizar que aquellos que deshonran el uniforme enfrenten consecuencias en el ámbito judicial y administrativo.
El Secretario de Organización Penitenciaria señaló que la responsabilidad «va a escalar hasta donde tenga que escalar» y que existe la premisa de purgar a las fuerzas de seguridad. Asimismo, se destacó que la magnitud del episodio, con diez guardias cárceles mujeres involucradas, es un hecho que no tiene precedentes.
Foto: gentileza José Gabriel Hernández / La Voz.
