La Fiscalía de Instrucción Número 2 de Villa Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, detuvo e imputó este jueves a dos efectivos de la Policía de Córdoba por el crimen de Samuel Tobares, de 34 años, quien murió el pasado lunes 24 de noviembre al finalizar el fin de semana largo. La muerte ocurrió en Villa Parque Siquiman, en el marco de un procedimiento policial que ahora está bajo una intensa investigación judicial. Según se supo, Tobares regresaba de su jornada laboral en un hotel de Villa Carlos Paz y se encontraba en una garita sobre la Ruta Nacional 38 cuando fue abordado por los uniformados.
La fiscalía imputó a los agentes por homicidio preterintencional y continúa reuniendo pruebas para esclarecer lo sucedido. El caso volvió a poner el foco en la capacitación del personal policial y en los abusos que pueden darse en intervenciones presentadas como simples controles de rutina. Para los investigadores, varias circunstancias del procedimiento generan fuertes interrogantes, especialmente por el grado de violencia ejercido y por la ausencia de una justificación clara sobre la actuación policial.
De acuerdo con testimonios recogidos en la causa, Tobares habría sufrido fuertes golpes por parte de los dos efectivos durante el procedimiento. Los testigos señalaron que la intervención resultó repentina y agresiva, sin motivos aparentes que justificaran el uso de fuerza en esa escala. La gravedad de los golpes fue tal que los mismos policías debieron practicar maniobras de reanimación al joven al advertir su estado crítico. Minutos después, otro móvil policial llegó al lugar y trasladó a Tobares al Hospital Domingo Funes, ubicado en Santa María de Punilla, donde finalmente se constató su fallecimiento.
La investigación ahora busca determinar con precisión cómo fue la secuencia del hecho, cuál fue el accionar de cada uno de los policías involucrados y si existieron irregularidades previas o posteriores al procedimiento. También se analiza la intervención de los servicios de emergencia y los tiempos de traslado. Para la fiscalía, la causa es de “extrema sensibilidad” debido a las características del caso y porque se suma a otros episodios recientes en los que el accionar policial quedó bajo cuestionamiento.
El caso generó conmoción en la región y volvió a encender el debate sobre la necesidad de revisar protocolos, mejorar la formación policial y garantizar que los controles de rutina no deriven en situaciones de violencia injustificada.
