Cada 7 de junio, Argentina celebra el Día del Periodista, en homenaje a la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres en 1810. Impulsado por la Primera Junta y dirigido por Mariano Moreno, aquel primer periódico del país fue una herramienta clave de la Revolución de Mayo: un medio pensado para informar al pueblo, combatir la desinformación y sostener la participación ciudadana. Desde entonces, el periodismo en Argentina ha sido un pilar del sistema democrático. Sin embargo, en 2025 ese legado se enfrenta a una crisis profunda.
Según el Informe Anual 2024 del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), se registraron 179 ataques a periodistas y medios en el país, lo que representa un aumento del 103% respecto a 2022. Más de la mitad de los casos (52,5%) tuvo como origen a funcionarios o representantes del poder político, con el presidente Javier Milei involucrado directamente en al menos 56 episodios, especialmente a través de redes sociales y declaraciones públicas en las que descalificó a periodistas, medios y trabajadores de prensa.
Estos discursos no solo estigmatizan, sino que también habilitan contextos de violencia simbólica y física. En este escenario, la deslegitimación de la tarea periodística forma parte de una estrategia más amplia: desacreditar el rol de la prensa como garante de derechos y como actor clave en la vida democrática.
En línea con esta tendencia, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Argentina en el puesto 87 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025, una caída de 47 posiciones respecto a 2024. RSF señaló que “la hostilidad del gobierno nacional hacia el periodismo se ha convertido en política de Estado” y alertó sobre “una creciente concentración de medios, restricciones al acceso a la información pública y un uso sistemático de plataformas oficiales para perseguir voces críticas”.
A la violencia se suma la precarización laboral. Según un relevamiento del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el 76% de las y los trabajadores de prensa no supera la línea de pobreza con su ingreso principal. Además, más del 55% tiene más de un trabajo para llegar a fin de mes, y un 42% de los encuestados considera que la situación laboral del sector ha empeorado de forma drástica en el último año.
En este sentido, el caso de Télam, la histórica agencia nacional de noticias, es paradigmático. En marzo de 2024, el presidente Javier Milei anunció públicamente su cierre. La agencia fue vallada y militarizada, sus más de 700 trabajadores quedaron en un limbo laboral, se suspendió la producción informativa y se bloqueó el acceso a sus archivos. Todo sin una ley que lo avale y sin diálogo con los gremios.
Lo sucedido con Télam no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio de desmantelamiento del sistema de medios públicos, que incluye el congelamiento de presupuestos en Radio Nacional, la TV Pública y el portal educativo Educ.ar, la paralización de concursos, el achique de equipos periodísticos y la reducción del alcance territorial de la información federal.
Simultáneamente, se eliminó la pauta publicitaria oficial para medios comunitarios y cooperativos, se recortaron los fondos del FOMECA —que sostiene a cientos de radios y canales comunitarios en todo el país— y se paralizaron organismos clave como la Defensoría del Público. Estas medidas constituyen una forma de censura económica, donde no se prohíbe decir, pero se impide sostener las condiciones mínimas para hacerlo.
Mientras tanto, en muchos barrios, pueblos y territorios populares, los medios comunitarios siguen informando con recursos autogestionados, en condiciones precarias pero con convicción y compromiso. Frente al cerco informativo y la concentración de voces, la comunicación popular sigue siendo una herramienta de resistencia colectiva y de defensa del derecho a la palabra.
Comunicación comunitaria: una trinchera en defensa del derecho a decir
Frente a este panorama de hostilidad y retroceso, los medios comunitarios, populares y cooperativos sostienen la palabra como herramienta de transformación. El periodismo comunitario y popular sigue marcando el pulso en muchas regiones del país: construye agendas desde abajo, visibiliza luchas, cuestiona el relato hegemónico y defiende el derecho a comunicar como derecho humano.
Radios comunitarias, periódicos barriales, proyectos autogestivos y colectivos de comunicadores siguen apostando al oficio como una herramienta de organización, memoria y resistencia. Lejos de los grandes estudios, su trabajo muchas veces se sostiene con militancia y solidaridad, sin perder la vocación de contar lo que otros callan.
Estas experiencias no solo informan: también construyen memoria, denuncian injusticias, promueven la organización y recuperan los relatos de los territorios desde una mirada propia. Son formas de narrar desde abajo, con ética, con afecto, con comunidad.
En palabras de Mariano Moreno, director de La Gazeta, “el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal”. Esa misma consigna sigue viva en cada cronista villero, en cada transmisora rural, en cada corresponsal de medios populares que enfrenta la desinformación hegemónica con trabajo comprometido y colectivo.
Por el derecho a informar y ser informados
La conmemoración del 7 de junio no puede ser una simple efeméride. Es una oportunidad para reivindicar el rol del periodismo como bien público, denunciar las violencias institucionales y exigir políticas que protejan a quienes trabajan por una comunicación democrática, plural y verdaderamente federal.
En un tiempo donde se intenta instalar que el periodismo es enemigo del poder, el verdadero desafío es seguir siendo parte de los pueblos que luchan. Defender la comunicación como derecho es también defender la democracia, la memoria, la justicia y la esperanza.
Porque sin medios libres no hay voces diversas. Y sin voces diversas, no hay pueblo que pueda contar su verdad.
