En una jornada de fuerte tensión política y social, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Pediatría, en medio de masivas movilizaciones en todo el país y frente al Congreso Nacional. La sesión, que comenzó en un clima marcado por la presión de distintos sectores, concluyó con dos votaciones contundentes que significan un revés para el oficialismo.
En el caso del financiamiento universitario, la votación arrojó 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, mientras que para la Emergencia en Pediatría fueron 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención. Estos resultados reflejaron el respaldo de los bloques de Unión por la Patria, Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda, Democracia para Siempre, Innovación Federal y algunos legisladores radicales y del PRO, quienes se sumaron al rechazo de los vetos presidenciales.
Las votaciones se realizaron en simultáneo con las marchas y concentraciones en distintos puntos del país, en defensa de la educación pública y del sistema de salud pediátrico. En Córdoba, por ejemplo, la Tercera Marcha Federal Universitaria reunió cerca de 65.000 personas, según estimaciones de los organizadores. La convocatoria fue lanzada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto al Gremio de Docentes e Investigadores de la UNC, el Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria de Córdoba, además de numerosos grupos autoconvocados.
La marcha cordobesa comenzó a las 13 horas en el Monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, y avanzó hacia el centro de la ciudad para confluir en un acto central en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo. Las consignas de los manifestantes hicieron eje en la defensa de la universidad pública, el reclamo por mayores presupuestos y el rechazo al veto presidencial. La protesta también estuvo acompañada por docentes, trabajadores nodocentes, estudiantes secundarios y terciarios, investigadores y referentes sociales.
En lo que respecta a la representación cordobesa en la Cámara Baja, la mayoría de los diputados votaron a favor de rechazar los vetos presidenciales. Entre quienes respaldaron las leyes se encuentran Oscar Agosto Carreño, Juan Brugge, Soledad Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning, Pablo Carro, Héctor Baldassi, Natalia de la Sota, Rodrigo de Loredo, Gabriela Estévez, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres. En contra votaron Gabriel Bornoroni, María Cecilia Ibáñez, Luis Picat, María Celeste Ponce y Laura Rodríguez Machado, mientras que Belén Avico estuvo ausente.
Con el rechazo en Diputados, el Senado será ahora el escenario clave para definir el futuro de ambas leyes. La Cámara Alta deberá decidir si insiste en la sanción original, revalidando las normas pese al veto presidencial, o si respalda la decisión del Ejecutivo. La situación recuerda a lo ocurrido con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue promulgada por el Gobierno pero con demora y condicionamientos para su financiamiento.
La Ley de Financiamiento Universitario establece la actualización de las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición de los salarios de docentes y no docentes de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Además, prevé ajustes bimestrales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, lo que busca garantizar la continuidad del sistema universitario y su capacidad de planificación.
Por su parte, la Ley de Emergencia en Pediatría dispone la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país. La normativa también prevé la recomposición salarial inmediata del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas, e incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que percibían en términos reales en noviembre de 2023.
El rechazo a los vetos por parte de Diputados no solo tiene un fuerte componente legislativo sino también simbólico, ya que se dio en paralelo con una de las mayores movilizaciones universitarias de los últimos años y con amplias muestras de apoyo ciudadano a la educación pública y al sistema sanitario pediátrico. Diversos analistas coinciden en que la decisión de la Cámara Baja representa un golpe político para el Ejecutivo y pone en evidencia la dificultad del Gobierno para sostener sus iniciativas frente a un Congreso con equilibrio de fuerzas.
En los próximos días, la atención se centrará en la Cámara de Senadores, donde se definirá si estas dos leyes —consideradas claves por sectores universitarios y sanitarios— se convierten finalmente en realidad pese al veto presidencial.
