La sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad en Argentina, impulsada por una política de desfinanciación de servicios esenciales, expone una crisis humanitaria que afecta a casi 5 millones de personas y sus familias. Expertos y afectados denuncian una decisión política totalmente deliberada del gobierno actual que atenta contra un derecho fundamental y la calidad de vida de un sector vulnerable.
La abogada Marta Lastra, especialista en derechos de personas con discapacidad y madre de un hijo en el espectro autista, ha expresado una profunda tristeza ante la necesidad de una ley de emergencia en discapacidad. Según Lastra, «los fondos para la cobertura de prestaciones en esta materia provienen de aportes específicos que cada ciudadano realiza a las obras sociales, los cuales ingresan a un fondo en la Superintendencia. Sin embargo, desde la «Ley Bases» y la política del presidente Javier Milei, se autorizó a las empresas de medicina prepaga a aportar menos, lo que comenzó a desfinanciar este fondo específico«.
La desfinanciación ha generado un grave problema que afecta a la persona con discapacidad, a su familia, a los prestadores, a las instituciones, a los transportistas, a toda la familia de la discapacidad. Marta Lastra ilustra la problemática con su propia experiencia, señalando que el cierre de instituciones o la falta de transporte adecuado impide a los padres trabajar, ya que deben dedicarse al cuidado de sus hijos, quienes, a su vez, no acceden a las prestaciones necesarias para alcanzar una calidad de vida digna.
Además, reporta que los costos de las prepagas se han disparado, como en su caso, donde el servicio para ella y su hijo aumentó de $100.000 a $580.000 pesos entre diciembre de 2023 y julio de 2025. La remuneración a los prestadores también es irrisoria, pagándose por ejemplo solo 12.000 pesos por una prestación ambulatoria de psicología, lo cual hace imposible que los profesionales sigan trabajando.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca asegurar una mayor accesibilidad a los servicios prestacionales, surge porque un sector se encuentra en una situación que requiere medidas extremas y obliga al Poder Ejecutivo a hacerse cargo de esa problemática. «Históricamente, el apoyo a las personas con discapacidad ha sido una política de estado en Argentina, con jerarquía constitucional a través de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y ha contado con aportes de todas las gestiones de distintos colores políticos, independientemente de quien gobernara, salvo con el presidente Milei» afirma la abogada.
La comunidad de la discapacidad, que se estima en casi 5 millones de personas en el país, junto a sus familias y prestadores, declara que «la discapacidad es un derecho, no un negocio». Ante la posibilidad de un veto presidencial a la ley, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y por unanimidad en el Senado, advierten que harán un seguimiento cuerpo a cuerpo de cada uno de los diputados y senadores para exigir que sostengan el voto a favor de la ley.
