Docentes universitarios de todo el país confirmaron un paro nacional que se desarrollará entre el lunes 27 de abril y el viernes 1° de mayo, en el marco de un conflicto que continúa profundizándose con el Gobierno nacional. La medida fue definida por el Congreso de la CONADU y alcanzará a todas las universidades públicas.
La protesta contará con la adhesión de la CONADU Histórica, gremios de base y, en algunos casos, también del personal no docente. En la provincia de Córdoba, participará la ADIUC, que forma parte de CONADU.
Además del paro, el plan de lucha incluye la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria. Si bien la fecha aún debe ser confirmada, se propuso inicialmente el jueves 23 de abril, en articulación con el Frente Sindical Universitario y distintos sectores de la comunidad educativa.
Desde los gremios señalaron que la medida se inscribe en un plan de lucha progresivo que se extenderá durante todo el semestre, con paros, jornadas de visibilización y acciones colectivas en rechazo a la política universitaria del Gobierno encabezado por Javier Milei.
Entre los principales reclamos, destacan la falta de convocatoria a paritarias desde el inicio de la actual gestión y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes. Según estimaciones sindicales, el sector acumula una caída real del 34%, mientras que el presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades se redujo cerca de un 30%.
En este contexto, la comunidad universitaria exige la apertura urgente de negociaciones salariales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la recomposición de los ingresos y el fortalecimiento del sistema público de educación superior.
A la par del conflicto gremial, también se registraron avances en el plano judicial. A fines de marzo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la legislación vigente en materia de financiamiento educativo y recomposición salarial docente.
Sin embargo, desde los sindicatos advierten que el fallo aún no se tradujo en medidas concretas. Por el contrario, cuestionan que el Gobierno haya impulsado un proyecto para modificar la ley en el Congreso, lo que podría alterar los mecanismos de actualización presupuestaria y dejar sin reconocimiento la pérdida salarial registrada durante 2024.
