Docentes universitarios de todo el país convocaron a un paro nacional de 72 horas en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. La medida de fuerza se desarrollará entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1° de abril, en un contexto de creciente conflicto con el Gobierno nacional.
Desde el sector denuncian que pasaron más de 150 días sin que se cumpla la normativa, pese a haber sido aprobada con amplio respaldo político, institucional y social. Según remarcan, la ley fue votada en seis oportunidades en el Congreso y cuenta además con el aval de una orden judicial, lo que refuerza el reclamo por su implementación efectiva.
En este escenario, los gremios advierten que los aumentos salariales otorgados por decreto resultan insuficientes frente a la inflación. Detallan que los incrementos fueron del 2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo, lo que queda por debajo de la inflación acumulada del primer trimestre, que alcanza el 8,53%.
El conflicto se profundizó luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificara la intención del Gobierno de avanzar con un proyecto para reformar la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el ámbito docente interpretan esta iniciativa como un intento de dejar sin efecto la normativa vigente.
La medida de fuerza cuenta con el respaldo de la CONADU, que ya había resuelto en su congreso profundizar el plan de lucha ante la falta de respuestas oficiales. En ese marco, el reciente paro total de actividades registró un alto nivel de acatamiento, lo que, según los gremios, refleja el grado de malestar en el sector.
Los docentes sostienen que la situación actual representa un límite y advierten sobre las consecuencias del deterioro salarial en el sistema universitario. “No estamos dispuestos a naturalizar el trabajo precarizado y mal pago que conduce al vaciamiento del sistema”, señalaron en un comunicado.
Además del paro, se prevé la realización de reuniones y asambleas en distintas universidades del país, incluyendo la Universidad Nacional de Córdoba, con el objetivo de construir una agenda de demandas vinculadas a las condiciones laborales. También se reclama a las autoridades universitarias un mayor compromiso con la defensa del sistema educativo y la implementación de políticas de protección del trabajo docente.
En paralelo, los gremios impulsan una serie de acciones de visibilización que se desarrollarán durante abril. Entre ellas, se destaca la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria y la instalación de una carpa simbólica en defensa de la universidad pública y la soberanía.
