En una sesión maratónica la Cámara Alta volteó el DNU que otorga 100.000 millones de fondos reservados para la SIDE y se aprobó, con amplia mayoría, el financiamiento para las Universidades Nacionales. «Esta ley viene a recuperar el salario docente y permite previsibilidad de la ejecución del presupuesto y un funcionamiento normal» dijo Javier Blanco, secretario General de ADIUC, en La Despensa.
El Senado le propinó en la madrugada del viernes un duro revés al Gobierno nacional al rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia que le otorga fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y aprobar el proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas. Es la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un DNU del Ejecutivo.
Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario incrementa el presupuesto para las universidades nacionales y, demás, incluye una recomposición para los docentes y no docentes. También era rechazada por el Gobierno de Javier Milei por «amenazar» el déficit cero y puede correr la misma suerte que la Ley de Movilidad Jubilatoria, que fue vetada.
Javier Blanco, secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores de Córdoba (ADIUC) conversó con La Despensa sobre las posibilidades que abre la aprobación del financiamiento. «La Ley viene a paliar la situación terrible que traviesa el presupuesto universitario y los salarios docentes, que sufrieron una caída de 40 puntos», destacó el dirigente.
«Permite previsibilidad de la ejecución del presupuesto y un funcionamiento normal de las universidades» y resaltó que la institución «es fundamental» y tiene «mucho reconocimiento social» por que millones de jóvenes se forman «para mejorar su futuro y el de todos y todas»
Sobre la amenaza del Poder Ejecutivo de vetar la ley, Blanco dijo que, en el caso que ocurra, esperan que «los senadores unificados tengan la grandeza de poder sostener esta decisión y no permitir que se destruya la universidad pública».
La sesión en el Congreso fue acompañada por un paro de los gremios de trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario, en demanda de una mejora en el presupuesto y por la defensa de la educación pública.
El texto sancionado establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
El Gobierno advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones. De confirmarse el veto presidencial, la comunidad universitaria alertó que se realizara una masiva movilización en defensa de las universidades públicas.