A mediados del mes pasado se conoció la decisión de Victoria Villarruel y Martín Menem de nombrar al frente del organismo a la cordobesa Soher El Sukaría. A las críticas por su falta de antecedentes en materia de derechos de las audiencias, ahora se suma la designación de “asesores”. Por REDACCION LA RANCHADA
La nueva titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Soher El Sukaria -cuya designación en agosto fue cuestionada por varios espacios políticos-, usó las vacantes de cargos directivos del organismo para designar a sus allegados del PRO de Córdoba.
Las personas contratadas, con escasa o nula experiencia en cuestiones vinculadas a la comunicación, no parecen idóneas para llevar adelante las tareas de auditoría que debe encarar el organismo.
La ex diputada macrista, y hasta hace poco concejala de la ciudad de Córdoba, nombró a no menos de cinco personas de su confianza, con cargos cuyos ingresos mensuales superan los tres millones de pesos (ella, la interventora, cobrará 4,7 millones).
La controversia está planteada: la designación de la interventora, atribuida a los titulares de ambas cámaras legislativas –Victoria Villarruel y Martín Menem- fue a todas luces irregular. El argumento de la falta de constitución de la “Comisión Bicameral”, no habilita el paso dado, que va contra lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios).
Se descuenta que la intención es desmantelar el organismo y romper con su independencia a la hora de proteger a las audiencias. Va en línea con las políticas del gobierno de Javier Milei, en términos de desechar cualquier acción orientada a proteger a las audiencias y defender sus derechos.
¿Y la austeridad?
El avance sobre el organismo, con la designación de Soher El Sukaría y el posterior conocimiento de designaciones, en todos los casos carentes de idoneidad, denota una total falta de austeridad, contradictoria con el discurso oficial predominante.
La designación de El Sukaría no respetó el requerimiento de idoneidad ni los procedimientos establecidos por la Ley 26.522. Y esto fue señalado por los diputados Miguel Angel Pichetto (bloque Encuentro Federal) y Pablo Carro (Unión por la Patria), en sendas cartas al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.
En lugar de convocar para la constitución de una Comisión Bicameral pluripartidaria que debe fiscalizar el funcionamiento de organismos en la órbita del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y designar a la Defensora del Público, por la Resolución Conjunta 55/24, Menem y Villlaruel decidieron designar como interventora a la ex diputada del PRO, con un mandato de al menos 240 días.
Los nombramientos que formalizó El Sukaría
El diputado Pablo Carro indicó que se trata de “al menos cinco designaciones de altos funcionarios dispuesta por Soher El Sukaria”.
Así, trascendió que las designaciones corresponden al cargo de secretario General, Pablo Steinaker; el director General. de Planificación Estratégica e Investigación, Adolfo Almada; la directora General de Protección de Derechos, Lucía De Bernardi; y la directora General Administrativa, Edith María Luisa Córdoba. También designó como asesor en la máxima categoría A 1 a Emiliano Sebastián Herrera.
También se supo que se trata de militantes del PRO de Córdoba. En sus perfiles profesionales, uno aparece como asesor de comunicación -aunque el sitio web que dice llevar adelante en su perfil profesional está caído-, otro como comerciante de artículos de informática -también es politólogo pero tiene el sitio web de su consultora “en mantenimiento”-, otra como abogada diplomada en coaching ontológico, y otro como abogado asesor del PRO.
Objetivo final: disolver la Defensoría del Público
El lunes 16 de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recibieron en la Casa Rosada a la llamada “mesa parlamentaria”, integrada por diputados nacionales que comulgan con las políticas del oficialismo libertario.
Una de las participantes del encuentro, la diputada Silvana Giúdici, ex radical, ahora integrante del bloque del PRO en Diputados, dijo tras la reunión que “el gobierno, a través de Francos y Sturzenegger, nos expresó su apoyo para avanzar con el proyecto del PRO para privatizar Aerolíneas Argentinas y para disolver la Defensoría del Público, iniciativas que ya hemos presentado en la Cámara”.
El plan de disolución de un organismo fundamental a la hora de defender los derechos de las audiencias está en marcha.
Fotos: «X» @SoherElSukaria