El Colectivo 3 de Diciembre presentó un amparo ante la Justicia Federal y convoca a una marcha en reclamo del cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, aprobada por el Congreso Nacional y suspendida por el presidente Javier Milei. La acción judicial, que busca garantizar la aplicación inmediata de la norma, fue presentada este lunes ante el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, del Tribunal Oral Federal número 3 de Córdoba, y tiene alcance nacional, representando a todo el sistema integral de discapacidad del país.
La presentación del amparo se da en un contexto de profunda preocupación por la situación del sector, donde personas con discapacidad, prestadores, transportistas y familias enfrentan una crisis que se agrava cada día. “Desde el inicio de esta crisis, personas con discapacidad ven interrumpidas sus terapias y servicios esenciales, mientras prestadores y transportistas sostienen el sistema endeudados y al borde del cierre. Cada día, una familia pierde su principal ingreso y otra persona con discapacidad pierde su acceso a la atención y la movilidad”, expresaron desde el Colectivo 3 de Diciembre.
Este viernes 17 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, se llevará a cabo una caravana y marcha que partirá desde el Parque Sarmiento, sobre la calle Deodoro Roca, a metros de Plaza España, hacia Tribunales Federales. La movilización reunirá a usuarios y usuarias, familias, instituciones, transportistas y prestadores de servicios de atención y movilidad, y forma parte de una jornada federal de protestas que se replica en distintas provincias del país. El objetivo de estas acciones es visibilizar la grave situación que atraviesa el sistema de discapacidad y exigir al Gobierno nacional que cumpla con sus obligaciones.
La abogada Samanta Funes, representante legal del Colectivo, explicó que el amparo colectivo busca no solo amparar los derechos de los transportistas que integran la organización, sino también de todas las personas con discapacidad y de los prestadores alcanzados por la Ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral. “Este amparo colectivo representa a todo el sistema de discapacidad: personas con discapacidad, prestadores y prestadoras comprendidos en la Ley 24.901. La ley de emergencia manifiesta claramente que es el Estado quien debe garantizar el presupuesto y las soluciones a esta crisis. El sector no soporta una pausa más; sin prestadores, no hay garantía de derechos”, afirmó Funes.
La letrada también apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien responsabilizó por haber paralizado la aplicación de la ley sancionada por el Congreso. “El Presidente, una vez más, utilizó sus potestades para obstaculizar y desfinanciar el Sistema Único de Discapacidad. Por eso, decidimos acudir a la Justicia Federal haciendo uso del derecho constitucional de acceso a la justicia, para solicitar la implementación inmediata de la ley suspendida”, declaró.
Por su parte, desde el Gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había intentado justificar la demora en la puesta en marcha de la ley argumentando que el Congreso debía definir previamente de dónde saldrían los recursos para su ejecución. Sin embargo, desde el ámbito jurídico y constitucional se ha señalado que ese argumento es incorrecto, ya que la responsabilidad de asignar las partidas presupuestarias para hacer efectiva una ley corresponde al Poder Ejecutivo, no al Congreso.
El Colectivo 3 de Diciembre remarcó que la Ley 27.793 fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y ratificada en varias oportunidades, lo que demuestra el consenso social y político sobre la necesidad de atender la emergencia del sector. Sin embargo, el veto y la posterior suspensión de su aplicación dejaron a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema.
“La política de déficit cero no puede ser jamás a costa de vulnerar derechos. La emergencia en discapacidad es real, y las consecuencias se sienten en cada familia que no puede acceder a las terapias, en cada niño o niña que pierde su acompañamiento escolar, en cada transportista que no puede sostener su vehículo. Es el Estado quien debe responder y garantizar que este sistema no colapse”, advirtieron desde la organización.
