Durante el encuentro, Galoppo describió el escenario actual como un “estado de descuido o de abandono” y reclamó medidas urgentes para evitar que continúen las demoras que afectan tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales. En ese marco, Vilches reconoció problemas en el sistema vinculados a la gestión de casos, provisión de insumos, prestaciones y pagos, aunque aseguró que esos inconvenientes se encuentran en proceso de regularización.
Uno de los principales planteos realizados por la Defensoría estuvo relacionado con la demora en la entrega de medicamentos de alto costo, tanto oncológicos como destinados a enfermedades poco frecuentes. Sobre ese punto, el funcionario nacional admitió: “es cierto que tuvieron un período de atraso producto de un montón de cuestiones vinculadas a la auditoría iniciada y procedimientos que no se realizaban correctamente; y eso es todo responsabilidad nuestra”.
Galoppo, por su parte, remarcó el impacto que esas demoras generan en las familias: «Esa palabra ‘demora’ me hace percibir a un discapacitado esperando algo: una silla, un tratamiento o un remedio… Pido que podamos hacer más rápido el proceso para que ese paciente no quede atrapado entre la burocracia del Estado y el dolor de la familia».
Demoras y reclamos Otro de los ejes de la reunión fue el funcionamiento del programa “Incluir Salud”. Desde la Defensoría señalaron que diariamente reciben consultas vinculadas a retrasos en autorizaciones de medicamentos, insumos y prestaciones de rehabilitación, con casos en los que las demoras llegan hasta un año.
Ante esta situación, Vilches explicó que parte de las dificultades responden a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, lo que implicó cambios administrativos y nuevos procedimientos. Además, indicó que muchos expedientes enviados por las provincias presentan falta de información médica o estudios complementarios, lo que también retrasa las autorizaciones.
En relación con la provisión de elementos esenciales, Galoppo expuso problemas en la entrega de prótesis y sillas de ruedas. Según explicó el funcionario nacional, las complicaciones se deben, en muchos casos, a licitaciones que quedan desiertas por la complejidad técnica o la falta de oferentes. También se abordó la preocupación por la suspensión de pensiones durante 2025. Sobre ese tema, Vilches aseguró: «Nadie va a perder una pensión si no está correctamente analizado cada caso».
Desde la Defensoría advirtieron además que la falta de respuestas está impulsando una creciente presentación de amparos judiciales, especialmente en casos vinculados a tratamientos oncológicos y enfermedades poco frecuentes. Desde Nación señalaron que esos procesos terminan extendiendo aún más los tiempos administrativos.
Otro de los problemas mencionados fue la falta de comunicación con los beneficiarios, debido a domicilios desactualizados o dificultades para realizar notificaciones. En ese sentido, Vilches adelantó que buscarán incorporar el uso del correo electrónico para mejorar la comunicación.
Por otra parte, las autoridades nacionales plantearon la necesidad de modernizar y digitalizar convenios con instituciones prestadoras, muchos de los cuales tienen más de dos décadas de antigüedad y aún se encuentran en formato papel.
Al cierre del encuentro, Galoppo reafirmó el rol activo de la Defensoría y sostuvo: «Lo hago porque creo que es una necesidad urgente tratar de resolver este estado de descuido». Por su parte, Vilches afirmó que esperan normalizar pagos y entrega de medicamentos durante el próximo mes, aunque reconoció que los procesos estatales son “lamentablemente lentos”.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo llevó adelante una mesa de trabajo con instituciones, prestadores, profesionales y familias vinculadas al ámbito de la discapacidad para analizar la situación actual y avanzar en posibles acciones.
La actividad estuvo encabezada por Carlos Galoppo, junto a la secretaria General de la Defensoría, Constanza Monayar, y el equipo del Área de Inclusión Social. Participaron representantes de organizaciones e instituciones del sector, quienes expusieron problemáticas relacionadas con demoras en pagos, retrasos en autorizaciones, dificultades para acceder a tratamientos y una creciente incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones.
Durante el encuentro, Galoppo afirmó que desde el inicio de la gestión uno de los principales objetivos fue mantener cercanía con los sectores más vulnerables y sostuvo que la Defensoría “no tiene una actitud administrativa de estar sentados en un escritorio, sino que trabaja cerca de la gente”.
Además, advirtió que “el Estado nacional ha desfinanciado totalmente áreas como salud y discapacidad”, situación que impacta tanto en las instituciones como en la calidad de vida de las personas. En ese contexto, explicó que el organismo asumió un rol de intermediación frente a la demanda social: “nos convertimos en mediadores entre la gente y el Estado”.
Galoppo también remarcó las limitaciones económicas de la institución, aunque destacó el compromiso de acompañar los reclamos: “no tenemos subsidios ni dinero, pero sí tenemos mucha gestión”. Y agregó: “Lo más importante es no ser indiferente al dolor que están padeciendo”.
La reunión permitió poner en común la necesidad de generar mecanismos más ágiles para evitar la judicialización de los casos y facilitar respuestas más rápidas.
Finalmente, el Defensor Adjunto ratificó el compromiso de seguir trabajando junto a organizaciones y familias: “aunque sea lo más mínimo que podamos ayudar, para nosotros y para las personas afectadas va a ser muy valioso”.
