El economista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Eduardo González Olguín, explicó en diálogo con Radio La Ranchada que tres de los proyectos obtuvieron sanción definitiva y otros tres pasaron a Diputados para su tratamiento. Además, subrayó que «la economía está íntimamente ligada a la política» y que estas medidas no afectan el superávit fiscal, ya que incluyen mecanismos de financiamiento.
Tres leyes sancionadas
La primera ley aprobada establece un aumento del 7,2% para las jubilaciones mínimas, junto con una suba del bono que actualmente es de 70 mil pesos y pasará a ser de 110 mil pesos. Según González Olguín, «el proyecto explica cómo se financia esta medida, principalmente reduciendo partidas destinadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y recortando exenciones fiscales que ya habían sido cuestionadas».
En segundo lugar, se prorrogó por dos años la moratoria previsional, que permite que personas sin los 30 años de aportes requeridos puedan regularizar su situación y acceder a la jubilación. El economista remarcó que “esto no es un regalo, sino un plan de pagos que se descuenta de la jubilación. Además, no tener los años de aportes no es culpa del trabajador sino consecuencia de la informalidad laboral que persiste en el país”.
La tercera norma aprobada extiende la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la actualización de salarios y pensiones. “Esto es clave para garantizar la asistencia a familias y personas con discapacidad, en un país que históricamente tuvo un Estado solidario. El gobierno actual no quería que este programa continuara, lo cual resulta perverso porque implica desproteger a quienes más necesitan”, sostuvo González Olguín.
El debate por el veto y la judicialización
Las leyes sancionadas podrían ser vetadas por el Ejecutivo. Sin embargo, el economista advirtió que si el presidente decide vetarlas, convalida la validez de la sesión que desde el oficialismo se busca impugnar en la Justicia. «Además, si no veta y sólo judicializa, el riesgo para el gobierno es que el tiempo judicial es más lento y si pasan los diez días hábiles sin veto, la ley queda aprobada automáticamente por sanción ficta», explicó.
Otras tres iniciativas con media sanción
Entre los proyectos que obtuvieron media sanción y ahora deberán tratarse en Diputados, se destaca la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a provincias y municipios. Se trata de fondos equivalentes al 1% de la recaudación nacional, destinados a asistir frente a emergencias como inundaciones, pero que según González Olguín, “el gobierno nacional utilizó el año pasado para gastos propios, lo cual constituye malversación de fondos”.
Otra media sanción es para las transferencias automáticas a las provincias de los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse exclusivamente a la construcción y mantenimiento de rutas. «El gobierno no reparó ninguna ruta en 2023 y desvió esos fondos, lo que también representa un delito penal», denunció el economista.
Por último, el Senado aprobó el rechazo al veto presidencial que había anulado la emergencia en Bahía Blanca tras el fuerte temporal que afectó a la ciudad en diciembre. Para que ese rechazo sea efectivo aún debe pasar por la Cámara de Diputados.
Economía y legitimidad
González Olguín insistió en que “la economía no puede desligarse de la política ni de la legitimidad de las decisiones. Lo que hizo el Senado fue reparar decisiones del Ejecutivo que eran ilegales y carentes de legitimidad”. Y concluyó: “No todo lo legal es legítimo, y es importante que la sociedad discuta qué tipo de Estado quiere: uno solidario o uno indiferente al sufrimiento de su pueblo”.
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