En el transcurso de apenas una semana fallecieron dos personas privadas de su libertad en situaciones de violencia en una cárcel de máxima seguridad. Los hechos, de público conocimiento, ocurrieron en la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica, el primero de ellos el pasado martes 13 y el segundo en la jornada de este miércoles 21 de abril.
Este tipo de acontecimientos nos interpelan, nos duelen. Por eso mismo nos parece necesario no llamarnos a silencio y poder presentar algunas reflexiones colectivas sobre este tipo de situaciones que, a diferencia de lo que deseamos, no son excepcionales.
Como docentes, investigadorxs y extensionistas de la UNICEN, trabajamos de forma sostenida para contribuir al acceso a sus derechos por parte de la población que se encuentra en contextos de privación de la libertad; para colaborar desde nuestro lugar a mejorar las condiciones de su vida cotidiana.
A nivel global estamos atravesando una emergencia sanitaria originada por la pandemia. En este contexto se tomaron medidas de confinamiento y restricciones en la circulación para evitar la propagación del virus: también en las unidades penitenciarias bonaerenses.
Allí, el encierro se tornó aún más restringido. Ahora bien ¿Cómo sobrellevar este aislamiento en un contexto de sobrepoblación, hacinamiento y vulnerabilidad de derechos? ¿Pueden escindirse estas condiciones de habitabilidad y la falta de respuestas por parte de la justicia del aumento sostenido de la violencia intramuros?
Como sociedad no podemos naturalizar estos hechos de violencia y de vulneración del derecho a la vida. El aumento de la conflictividad en los lugares de detención es una realidad, y como tal debe ser debidamente abordada desde los organismos competentes.
En las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense se han denunciado de modo reiterado, por parte de los organismos de derechos humanos, el hacinamiento, la sobrepoblación que ronda el 114%, la falta de asistencia en salud y atención psíquica, las malas condiciones de alimentación, la falta de acceso a la educación, el trabajo y el esparcimiento de modo regular, en conjunción con la falta de elementos de higiene y sanitización. Este escenario, sumado al miedo de posibles contagios –miedo exacerbado en un ámbito caracterizado por la sobrepoblación y el hacinamiento, lo que amplifica la circulación del virus-, y la falta de contacto con sus seres queridos, ha logrado que en la prolongación del encierro en el encierro hayan crecido las situaciones de violencia intramuros.
Vale recordar que las personas detenidas están cumpliendo una pena, por la cual se les ha restringido su libertad ambulatoria. No obstante lo cual, son suyos los derechos que, en tanto ciudadanes, les otorga la Constitución Nacional. Debemos bregar por su cumplimiento.
De nada sirve responder a la violencia institucional con más violencia. Por eso mismo, es necesario visibilizar la realidad en las cárceles; y poner en debate la necesidad de dar respuestas, reconfigurar los escenarios de violencia, ofreciendo a les detenides nuevas oportunidades y otros horizontes en este marco de encierro y aislamiento. Es urgente, hoy como ayer, repensar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad. Estamos convencides que estas muertes podrían haberse evitado.
Integrantes del proyecto “Vida cotidiana y acceso a derechos en la cárcel. Trazas de sentidos”. PIO SECAT. UNICEN