El Gobierno nacional resolvió este martes retirar del temario del Congreso el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, a pocas horas de que se emitiera dictamen y a dos días de la sesión prevista en la Cámara de Diputados. La decisión se tomó ante la falta de consenso sobre la edad de imputabilidad y luego de fuertes cuestionamientos de distintos sectores, entre ellos la Iglesia católica.
La iniciativa impulsada por el oficialismo proponía reducir la edad punible de 16 a 13 años, un punto que generó resistencia en bloques aliados y de la oposición. Legisladores del PRO y de la Unión Cívica Radical advirtieron que en el texto trabajado durante 2025 se había establecido como límite los 14 años, lo que terminó por trabar el avance del proyecto en el recinto.
Fuentes parlamentarias confirmaron que La Libertad Avanza (LLA) volverá a trabajar sobre el dictamen de mayoría obtenido el año pasado, con la intención de corregir los puntos conflictivos y acercar posiciones con otros espacios políticos. La estrategia oficial apunta a retomar la edad previamente consensuada y reenviar el nuevo texto para su tratamiento en comisiones durante esta misma semana.
Según el cronograma previsto para las sesiones extraordinarias, el proyecto será debatido primero en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores, y luego en la Comisión de Justicia, a cargo del correntino Lisandro Almirón, ambos representantes de LLA.
La propuesta que el Ejecutivo busca reactivar es similar a la que obtuvo dictamen en mayo de 2025, aunque incorpora un cambio clave: la asignación específica de recursos para garantizar su implementación. En la nueva redacción se prevé destinar más de 20 mil millones de pesos a la Defensoría General y más de 3 mil millones al Ministerio de Justicia.
En la versión anterior, el financiamiento quedaba sujeto a la decisión de la Jefatura de Gabinete, lo que había despertado críticas por la posibilidad de que la ley no pudiera aplicarse en la práctica. Con esta modificación, el oficialismo intenta reforzar la viabilidad del proyecto y destrabar un debate que continúa generando tensión en el ámbito legislativo.
