El Gobierno nacional oficializó la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo organismo estatal que tendrá como objetivo intervenir frente a la circulación de información falsa o engañosa en medios de comunicación y redes sociales. La iniciativa fue anunciada públicamente a través de una cuenta oficial en la red social X y se enmarca en la estrategia comunicacional de la administración de Javier Milei.
Según explicaron desde el Ejecutivo, la decisión responde a la preocupación por la proliferación de noticias inexactas que, a criterio del Gobierno, distorsionan la percepción pública sobre la gestión. En ese sentido, la Oficina tendrá la tarea de desmentir versiones erróneas, señalar falsedades concretas y ofrecer información verificada de manera inmediata.
Desde la cuenta oficial, el Gobierno sostuvo que esta herramienta fue creada “para desmentir activamente la mentira y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, al tiempo que aclaró que no busca imponer una mirada ni convencer a la ciudadanía, sino permitir que los ciudadanos puedan diferenciar hechos comprobables de relatos o interpretaciones interesadas.
Inspiración internacional y antecedentes
En el propio Gobierno reconocen que el modelo tiene antecedentes internacionales y mencionan como referencia experiencias impulsadas durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. En particular, se alude a las oficinas y cuentas de “respuesta rápida” utilizadas por la Casa Blanca para reaccionar de forma inmediata ante publicaciones críticas o informaciones que consideraban falsas.
Ese esquema de comunicación directa, basado en el uso intensivo de redes sociales, es ahora adaptado al contexto argentino como parte de una estrategia para disputar sentido en el espacio digital y mediático, en un escenario de fuerte confrontación política.
Libertad de expresión y debate público
Desde Casa Rosada subrayaron que la creación de la Oficina de Respuesta Oficial no implica censura ni limitaciones a la libertad de prensa. “El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, remarcaron, y afirmaron que el combate a la desinformación se hará brindando más información, no restringiéndola.
Sin embargo, la iniciativa abrió interrogantes y debates en el ámbito político y periodístico sobre su alcance, su funcionamiento concreto y los criterios que se utilizarán para definir qué contenidos serán refutados públicamente. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre protocolos formales ni sobre la estructura administrativa específica del nuevo organismo.
La creación de esta oficina se suma así a un escenario de creciente tensión entre el Gobierno nacional, sectores de la prensa y la oposición, y vuelve a poner en discusión el rol del Estado en la disputa por la información, la comunicación pública y el debate democrático.
