La Legislatura de Córdoba se prepara para una semana de fuerte tensión política con la inminente presentación del Presupuesto provincial 2026 y el paquete impositivo que definirá la carga tributaria para el próximo año. Aunque el plazo máximo para su ingreso es el 15 de noviembre, fuentes del oficialismo confirmaron que el proyecto será enviado este viernes, cuando el ministro de Economía, Guillermo Acosta, exponga ante la Comisión de Economía. El texto recién tomará estado parlamentario la semana siguiente, durante la sesión ordinaria del miércoles 19.
La exposición del ministro Acosta marcará el inicio de un debate clave sobre las finanzas provinciales y sobre cómo el Gobierno de Martín Llaryora planea equilibrar las cuentas en un contexto de crisis económica persistente y caída del poder adquisitivo. La oposición ya anticipó su rechazo a posibles incrementos impositivos, reclamando “sensibilidad social” y un esquema tributario más equitativo.
Desde los bloques opositores aseguran que el oficialismo mantiene un manejo “cerrado” de la información previa al tratamiento parlamentario. “No nos dan información más que este miércoles y la semana próxima habrá sesión, queremos ver el Presupuesto 2026”, sostuvo Matías Gvozdenovich, presidente del bloque UCR.
Los legisladores Dante Rossi y Sebastián Peralta, del espacio Construyendo Córdoba, fueron los primeros en presentar un proyecto alternativo de presupuesto con 15 propuestas concretas. Entre ellas, plantean que el Impuesto Inmobiliario solo se actualice según la variación del Ripte (índice de salarios), un congelamiento de impuestos y servicios provinciales por cuatro meses, y un aumento salarial docente de al menos 10 puntos por encima de la inflación. “Decimos no al impuestazo. Queremos un presupuesto con sensibilidad social, que contemple la realidad de las familias cordobesas y de las pymes”, remarcó Rossi.
El foco del debate se centrará en los niveles de gasto, las prioridades presupuestarias y las variaciones de las alícuotas incluidas en la Ley Impositiva anual, que fija los parámetros de Ingresos Brutos, Inmobiliario y otros tributos. La oposición advierte que una suba excesiva podría afectar la actividad económica y agravar la situación de los contribuyentes en un año de retracción del consumo.
Como antecedente inmediato, en el cálculo del Inmobiliario 2025 la Provincia había utilizado como referencia la inflación interanual del IPC nacional de septiembre de 2024, que alcanzó el 209%. Sin embargo, para evitar un impacto mayor, el Gobierno decidió aplicar un tope basado en el Ripte, con una variación interanual del 172%. La incógnita ahora pasa por saber qué criterio adoptará el Ejecutivo para 2026, en un escenario de desaceleración inflacionaria, pero con bolsillos fuertemente golpeados.
Además del eje impositivo, otro tema pendiente en la Legislatura es la Cuenta de Inversión 2024, que representa la rendición de cuentas del primer año de gestión de Llaryora. Desde la oposición advierten que el proyecto fue ingresado el 9 de abril y, de no ser tratado antes de fin de año, quedará aprobado automáticamente.
“Encuentro Vecinal rechaza esta posibilidad y reitera el pedido de que el documento sea debatido debidamente en la Comisión de Economía y Presupuesto”, expresó Rodrigo Agrelo, referente del espacio. Por su parte, Walter Nostrala, del Frente Cívico, cuestionó al Ejecutivo con dureza: “Llaryora miente cuando dice que redujo el gasto político. Mientras suben los impuestos y las tarifas, los vecinos sienten el ajuste”.
El Presupuesto 2026 se presenta, así, como una de las pruebas políticas más exigentes para el oficialismo. La administración provincial busca mantener la solvencia fiscal y sostener la inversión en obra pública, pero enfrenta un panorama social complejo, con creciente malestar por la presión tributaria y demandas salariales en aumento.
