El Gobierno de Javier Milei autorizó por decreto la compra y tenencia de armas semiautomáticas para civiles, una decisión que representa uno de los cambios más drásticos en materia de control armamentístico en las últimas décadas. La nueva normativa habilita a cualquier ciudadano argentino que cumpla con los requisitos del Registro Nacional de Armas (RENAR) a adquirir fusiles o subametralladoras de características similares a las de uso militar, siempre bajo el argumento de “usos deportivos”.
La medida se formalizó a través de la Resolución 37/2025 del RENAR, dependiente del Ministerio de Seguridad, y fue publicada en el Boletín Oficial este lunes. La disposición modifica el Decreto 397/25, que hasta ahora prohibía expresamente la tenencia civil de este tipo de armas automáticas y semiautomáticas. Con la nueva resolución, se elimina esa restricción y se permite que civiles puedan acceder a equipamiento de alto poder de fuego, siempre que obtengan la autorización correspondiente del organismo.
Según lo establecido en la resolución, el RENAR asume la fiscalización y aplicación integral de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, además de consolidar los procedimientos administrativos luego de la derogación de las normativas previas del antiguo régimen. El texto oficial argumenta que la actualización busca “modernizar los criterios de registro y control” y “reordenar la normativa vigente para unificar los procedimientos de fiscalización”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, especialistas en seguridad y referentes del ámbito judicial ya expresaron preocupación por la posible expansión del acceso civil a armamento semiautomático, considerando los antecedentes de violencia armada en el país.
Con esta reforma, el Gobierno desactiva la regulación que regía desde la presidencia de Carlos Menem, cuando se estableció la prohibición para que civiles adquirieran o transfirieran fusiles semiautomáticos, salvo excepciones avaladas por el Ministerio de Defensa. Durante más de 30 años, esa restricción fue uno de los pilares del control estatal sobre el uso de armas de fuego de alta capacidad. La modificación de Milei representa, así, un giro radical en la política de seguridad y defensa civil argentina.
El nuevo régimen establece los requisitos administrativos para poder registrar un arma de estas características. Los usuarios de armas de fuego de uso civil condicional, o las entidades de tiro reconocidas, deberán acreditar una antigüedad mínima de cinco años como legítimos usuarios, sin sanciones ni actuaciones administrativas en trámite ante el RENAR o su antecesora, la ANMAC. También deberán contar con un Sector de Guarda tipo G2, es decir, instalaciones específicas y seguras para el almacenamiento de material bélico de alto riesgo.
Además, se requerirá la presentación de una declaración jurada detallando los motivos de la solicitud y la identificación completa del arma, incluyendo marca, modelo, calibre y número de serie, junto con fotografías. Uno de los puntos más controvertidos es que el decreto permite justificar la compra bajo la categoría de “uso deportivo”, siempre que se demuestre participación activa en disciplinas de tiro o representación en competencias nacionales o internacionales. También se podrán presentar certificaciones emitidas por entidades de tiro habilitadas que avalen la práctica frecuente de la actividad.
La medida del Ejecutivo se enmarca en una política más amplia de flexibilización de normas y desregulación del Estado impulsada por el presidente Milei. Desde su asunción, el mandatario sostuvo en reiteradas oportunidades que “la libertad individual” debe ser el eje rector de su gobierno, y que los ciudadanos “tienen derecho a defenderse por sus propios medios”. En ese contexto, esta decisión se interpreta como parte de una agenda de ampliación de derechos individuales en materia de portación y tenencia de armas.
