El Gobierno de Javier Milei avanzó en la disolución definitiva del Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), creado en 2012 como una herramienta estatal para facilitar el acceso a la vivienda a través de créditos blandos. La decisión se formalizó este lunes con la Resolución 764/2025 publicada en el Boletín Oficial, que establece los mecanismos operativos para el cierre del fondo y la transferencia de su administración al Banco Hipotecario S.A., una entidad de gestión mixta con fuerte participación privada.
La disolución había sido anticipada en noviembre del año pasado mediante el Decreto 1018/2024, y ahora el Gobierno nacional avanzó con la instrumentación concreta del cierre del programa. El Ministerio de Economía quedará a cargo de administrar los bienes remanentes —incluidos los inmuebles sin uso y los créditos impagos—, mientras que el banco privado gestionará los préstamos aún vigentes bajo las condiciones establecidas originalmente en 2012.
En su justificación, el Ejecutivo volvió a apelar al argumento de “racionalizar” el gasto público y señaló que el programa se había transformado en una “pesada carga” para el Estado. Además, se respaldó en una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectó —según el texto oficial— demoras en las entregas de viviendas, deficiencias habitacionales, falta de actualización de manuales operativos, e incumplimientos en convenios con instituciones como la UTN.
Sin embargo, desde múltiples sectores sociales, cooperativas de vivienda, movimientos territoriales, y organismos defensores del derecho a la vivienda, la disolución del Pro.Cre.Ar se interpreta como un retroceso significativo en materia de políticas públicas habitacionales. El programa había significado una alternativa concreta para miles de familias trabajadoras que, a través del ahorro previo y créditos ajustables a sus ingresos, lograban acceder por primera vez a una vivienda propia.
Durante su funcionamiento, el Pro.Cre.Ar permitió la construcción de barrios enteros en todo el país, dinamizó economías locales, generó empleo en la construcción y sostuvo una lógica de arraigo comunitario con infraestructura, acceso a servicios y urbanización planificada. El paso de la gestión de sus activos a manos del sector financiero representa, para muchos actores sociales, un vaciamiento de esa visión social de la vivienda, reemplazada por una lógica de rentabilidad bancaria y gestión tecnocrática.
Además de transferir la gestión de los créditos al Banco Hipotecario, la resolución faculta a esa entidad a vender carteras que presenten baja rentabilidad en su cobranza. También se habilita la enajenación de inmuebles y la transferencia de propiedades no afectadas a obras vigentes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que deja la puerta abierta a procesos de venta de tierras públicas. En paralelo, se instruyó a que las causas judiciales derivadas del programa disuelto sean atendidas por una unidad jurídica dependiente del Ministerio de Economía.
El Pro.Cre.Ar fue, en su origen, una política pensada para atender el déficit habitacional desde una lógica federal, con foco en la planificación urbana, el acceso al suelo y la participación del Estado como garante de derechos. Con su disolución, el Gobierno actual no solo abandona esa política, sino que también envía una señal clara de desentendimiento del rol estatal en la garantía del derecho a la vivienda. En su lugar, delega en el mercado y en la lógica privada la resolución de una de las problemáticas más urgentes y extendidas de la sociedad argentina.
Mientras tanto, organizaciones barriales, sindicatos del sector, movimientos por la vivienda digna y diversos actores del urbanismo comunitario alertan que esta decisión no hará más que profundizar el déficit habitacional, la exclusión urbana y el acceso desigual a un derecho básico como es el techo propio.
