Las modificaciones fueron formalizadas a través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, y generaron preocupación por las consecuencias que podrían tener en distintos sectores del país.
En el área sanitaria, el ajuste asciende a $63.021 millones y alcanza programas vinculados al acceso a medicamentos, tratamientos oncológicos, prevención de enfermedades y organismos estratégicos. El mayor recorte recayó sobre el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que sufrió una reducción de $20.000 millones. A su vez, el programa de “Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud” perdió $25.000 millones, lo que impactará en la asistencia sanitaria que reciben distintas provincias.
Entre las áreas más afectadas también aparece el programa de “Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer”, que registró una baja de $5.000 millones, especialmente en ayudas directas destinadas a pacientes. El ajuste también alcanzó al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), que sufrió un recorte de $831,3 millones, y a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS), que perdió más de $1.162 millones, afectando obras y proyectos de alta complejidad.
Además, se redujeron partidas destinadas a prevención de enfermedades transmisibles, programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, y políticas de Salud Sexual y Procreación Responsable.
En paralelo, el Ejecutivo dispuso un recorte de $78.768 millones en programas dependientes de la Secretaría de Educación, además de suspender transferencias destinadas a infraestructura universitaria. El principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió más de $35.288 millones. La reducción afectó especialmente las transferencias directas a las provincias para su implementación. También quedó eliminado el “Fondo de Compensación Salarial Docente”, mecanismo utilizado para equilibrar salarios mínimos docentes entre provincias, con una poda cercana a los $8.930 millones.
En materia de infraestructura escolar y equipamiento, el recorte superó los $21.686 millones, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de más de $6.649 millones. Dentro de ese esquema, también se registró una baja superior a los $559 millones en becas estudiantiles. La empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000 millones.
Las universidades nacionales también quedaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. Según el detalle oficial, se recortaron $5.303 millones en transferencias de capital destinadas a obras de infraestructura del conocimiento.
La medida afecta proyectos en trece universidades del país. Entre las más perjudicadas aparecen la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043 millones; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones; la Universidad Nacional de Río Cuarto, con una baja de $680,5 millones; y la Universidad Nacional de Entre Ríos, con una reducción de $540 millones.
