El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, luego de que el Congreso ratificara la norma al rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, el Gobierno resolvió suspender su implementación hasta que el Poder Legislativo defina de qué manera se financiarán los gastos y contemple las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde se detallan los motivos y las cifras que llevaron a la Casa Rosada a frenar la ejecución de la normativa.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había anticipado el lunes pasado la promulgación de la ley, pero aclaró que su aplicación quedaba condicionada a la definición del financiamiento. En el texto del decreto, el Poder Ejecutivo justificó la suspensión de la legislación por el “impacto fiscal” que, según sus estimaciones, implicaría para las cuentas del Estado. De acuerdo a los cálculos oficiales, la creación de una nueva pensión demandaría $2.166.985.900.000 durante 2025, lo que equivale al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI), y un adicional de $4.706.628.500.000 en 2026, equivalente al 0,47 % del PBI. A ese monto se agregan los costos del Programa Incluir Salud, que otorga cobertura médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, con un gasto estimado de $574.200.000.000 en 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 en 2026 (0,12 %). También se suman $278.323.000.000 (0,03 % del PBI) por la compensación extraordinaria a prestadores. En total, el gasto ascendería a $3.019.508.900.000, lo que representa el 0,35 % del PBI, cifra que el Gobierno considera imposible de afrontar en el contexto fiscal actual.
El Ejecutivo justificó la suspensión en los artículos 38 de la Ley 24.156 y 5 de la Ley 24.629, normas que obligan a especificar la fuente de recursos en cualquier legislación que genere erogaciones adicionales. Según el texto oficial, el Parlamento “omitió señalar de manera precisa” de dónde saldrán los fondos y advirtió que la facultad de reasignar partidas del jefe de Gabinete “no constituye una fuente concreta, específica ni suficiente”. En el decreto también se remarca que el presupuesto nacional vigente “no cuenta con los créditos suficientes para cubrir su aplicación”. Incluso si se destinaran todos los recursos disponibles de los tres poderes del Estado, no alcanzarían para financiar plenamente las obligaciones establecidas por la ley. De acuerdo con el cálculo oficial, los fondos disponibles sin afectar servicios sociales suman $2.302.526.621.430, cifra inferior al costo total estimado que implicaría aplicar la norma en su totalidad.
La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad fue aprobada en ambas cámaras con amplio respaldo y contempla medidas para ampliar las prestaciones y beneficios destinados a las personas con discapacidad en todo el país. Entre sus puntos centrales se encuentra la creación de una nueva pensión para quienes no cuenten con cobertura y la ampliación de programas de asistencia y salud. Sin embargo, el oficialismo considera que sin respaldo presupuestario esta expansión sería inviable y pondría en riesgo el equilibrio fiscal que impulsa el Gobierno. La promulgación con suspensión de aplicación es, según la Casa Rosada, una forma de “respetar la voluntad del Congreso” sin comprometer las cuentas públicas.
Fuentes oficiales explicaron que, mientras tanto, el Ejecutivo seguirá brindando las prestaciones existentes dentro de los programas ya vigentes, aunque sin incorporar los nuevos beneficios previstos por la ley hasta tanto se asegure su financiamiento. El Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete ya trabajan en conjunto con legisladores para explorar alternativas de financiamiento y asignación de partidas que permitan poner en marcha la Emergencia Nacional en Discapacidad en algún momento de 2026.
En paralelo, organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la ley expresaron su preocupación por la suspensión y pidieron a los legisladores que avancen rápidamente en la definición de partidas presupuestarias para que las medidas puedan implementarse. Distintos bloques de la oposición criticaron al Gobierno por considerar que la suspensión atenta contra derechos adquiridos y demora la respuesta a un sector especialmente vulnerable. Sin embargo, desde el oficialismo insistieron en que la falta de recursos concretos hace imposible su aplicación inmediata.
